Las grandes dudas sobre el referendo del egobernador

Las informaciones que se tienen sobre la presentación de las firmas recaudadas por los promotores del referendo sobre la autonomía territorial del egobernador de Antioquia, es vez de despejar este proceso, lo que ha originado es muy serias y gravísimas dudas entre expertos.

En tal sentido se conoce primero que fueron presentadas a la Registraduría Nacional el 27 de diciembre del año 2.024; segundo que se recolectaron 4.119.345, de la cuales solo fueron aprobadas 2.184.548, o sea, el 53.03 %; tercero que, en solo 31 días hábiles, hasta el 10 de febrero de 2.025, la Registraduría examinó su veracidad, lo que no cuadra bien, pues debieron verificar 132.000 por día, en jornada de 8 horas, o sea 16.610 por hora o 276 por minuto. Ni que en la Registraduría tuviera personal con inteligencia artificial.

Que se sepa, la ley que regula los mecanismos de participación ciudadana solo autoriza las técnicas de muestreo en los distritos, municipios de categoría especial y categoría uno y la resolución de la Registraduría que regula el tema, tampoco hace alusión a una técnica de muestreo como sucede con las encuestas.

Seguramente la Registraduría nos aclarará qué método se utilizó para comprobar la veracidad de semejante cantidad de firmas en tan corto tiempo.

Otra duda que tenemos es que el acto legislativo por el cual se fortalece la autonomía de los Departamentos, Distritos y Municipios, que es lo mismo que pretende el referendo del señor Roldán, ya se encuentra vigente desde el 27 de diciembre pasado. ¿El Congreso discutirá un proyecto de ley convocante para que el pueblo apruebe lo que ya aprobó el órgano legislativo?

¿Qué suerte correrá el proyecto de referendo en el Congreso, si el Registrador Nacional certifica el cumplimiento de los requisitos y obligatoriamente el órgano legislativo se tendrá que ocupar en la discusión de la ley convocante que seguramente tendrá en cuenta que la votación que sigue, que requiere la participación de más de 10 millones de electores, coincidirá con la campaña al Congreso y a la Presidencia de la República en el año 2.026?

Si hay tenaces interrogantes sobre cómo diablos se contaron las firmas, también es un completo y sospechoso enigma sobre cómo ser financió la recolección de las firmas.

En el momento no se han publicado en las bases de datos públicas el cumplimiento de las obligaciones que tiene el comité promotor frente a la información financiera del proceso de recolección. Ante esto surgieron para expertos varias preguntas, como estas:

¿Cuánto costó el proceso de recolección de más de las 4 millones de firmas?

¿fue contratada una empresa especializada en recolección de firmas o se hizo con “voluntarios?

¿Quiénes fueron los financiadores de este proceso? ¿algún partido político? ¿financiadores privados?

Y no hemos podido verificar, por la falta de transparencia si, por ejemplo, algún contratista del departamento financió esta campaña.

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