22 Jul Por indemnizaciones millonarias por despidos injustificados 6 gerentes de Savia Salud a responder fiscalmente
De acuerdo con un informe de auditoría de la Contraloría General de Antioquia, CGA, seis gerentes de Savia Salud son investigados fiscalmente y deberán responder ante esa entidad por el pago de indemnizaciones millonarias por despidos masivos en esa EPS seccional entre el 2017 y el 2023.
Panoramapolitico.co conoció en la Asamblea de Antioquia el informe final de auditoría de cumplimiento que como corporación de control político le envió la Contraloría y que fue realizado para la vigencia 2023 y comprendió también evaluaciones a los periodos anuales de 2020, 2021, 2022 y el 2023.
Dicho informe que también se encuentra en la página electrónica de la CGA evidenció que esos seis Gerentes de Savia Salud EPS despidieron sin justa causa a 78 personas y pagaron por indemnización laborales con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, por valor total de $1.060.550.271.
Con base en lo anterior figuran como presuntos responsables fiscales y deberán comparecer ante la oficina de Responsabilidad Fiscal de la CGA, los siguientes gerentes de acuerdo al período laborado por cada uno:
JUAN DAVID ARTEAGA FLÓREZ
Retiró 2 personas sin justa causa por $5.055.052, entre marzo 21 de 2017 a enero 30 de 2020.
CARLOS MARIO MONTOYA SERNA
Retiró 10 personas sin justa causa por $71.171.332, entre febrero 12 de 2020 a mayo 26 de 2020.
LUIS GONZALO MORALES SÁNCHEZ
Retiró 14 personas sin justa causa por $207.205.554, entre mayo 28 de 2020 a marzo de 2022
LAURA RUEDA QUINTERO – (REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE)
Retiró 1 persona sin justa causa por $4.227.574, entre el 24 de febrero 2021 a marzo 01 de 2021.
HÉCTOR MARIO RESTREPO – GERENTE GENERAL (ENCARGADO)
Retiró 1 persona sin justa causa por $3.670.342, entre marzo 30 de 2022 a abril 4 de 2022.
LINA MARÍA BUSTAMANTE SÁNCHEZ
Retiró 50 personas sin justa causa por $769.220.417, entre el 5 de abril de 2022 y junio de 2023.
Para los investigadores fiscales no es entendible que dichos gerentes utilizaran la plata para la atención en salud de los pobres en otros rubros, poniendo en riesgo la sostenibilidad de la entidad, lo que hace necesario que todos los organismos entren a revisar dicha actuación.
Abogados laboralistas explicaron que cuando se trata de entidades oficiales donde se manejan recursos públicos estos no pueden estar al libre arbitrio del director de la entidad para que disponga libremente de ellos, además por razones políticas.
En el caso de los trabajadores oficiales lo que dice la ley es que hay que esperar a que se venza el contrato laboral que es cada seis meses.
Esas indemnizaciones por despido sin justa causa son ilegales y por eso el funcionario que tome esa decisión debe responder después con su propio pecunio.
Como evidencias de las actuaciones de dichos gerentes publicamos dos cartas que en el asunto de cada una de ellas se lee: “terminación de contrato sin justa causa”
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