15 Mar Tres decisiones que impactan la política

Como se dice que la política se judicializó y la justicia se politizó, hay que reseñar que en los últimos días se registraron tres hechos en la justicia contenciosa administrativa, o sea, en el Tribunal Administrativo de Antioquia y en el Consejo de Estado que tienen que ver con la política antioqueño y de Medellín.

El primer caso está fresquito porque se conoció en la tarde de este lunes 15 de marzo. Y fue la decisión en primera instancia del Tribunal Administrativo de Antioquia de negar la demanda contra la elección del personero Municipal de Medellín, William Yeffer Vivas Lloreda, al no encontrar ilegalidad, irregularidades, tampoco inequidad y falta de transparencias en la convocatoria del Concejo de Municipal y en la realización del concurso y las pruebas académicas por parte de la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB, además de reconocerla como una institución capacitada para llevar a cabo las evaluaciones.

El segundo asunto tiene que ver con la Procuraduría y su concepto, no vinculante, que acaba de emitir en el proceso ya en segunda instancia y ante el Consejo de Estado en favor de la demanda del exdiputado Santiago Martínez contra la curul del diputado Rodrigo Mendoza por un supuesto caso de doble militancia en el apoyo a aspirantes en la última elección del gobernador de Antioquia.

En primera instancia el Tribunal Administrativo de Antioquia falló a favor de Mendoza y en contra de Martínez, aunque en esa oportunidad la Procuraduría le dio la razón al también popular hombre de la radio deportiva.

Y el tercer tópico cobija al concejal de Medellín, Alex Flórez Hernández, del Movimiento Independiente del alcalde Daniel Quintero. El Consejo de Estado había admitido  la apelación contra el fallo en primera instancia del Tribunal Administrativo de Antioquia que determinó la pérdida de investidura de este cabildante, al considerar que estaba inhabilitado para ser elegido concejal de Medellín por un contrato de prestación de servicios que firmó dentro del último año antes de las elecciones de octubre de 2019 en jurisdicción de la ciudad  y que Flórez alega que no es un nuevo contrato con el Tecnológico de Antioquia, sino una prórroga de un viejo acuerdo contractual.

Lo último en este caso es que, a los tres abogados, uno de ellos muy costoso, que lo han apoderado en Bogotá, el Consejo de Estado ha negado todo lo pedido, entre ello unas pruebas y una audiencia especial.