09 Jun El día que prohibieron decir “Patria”: la toga contra El Tigre

Por: Rodolfo Correa

Abogado. Profesor Universitario. Estudios Doctorales en Derecho Constitucional. 

Al mejor estilo de un tribunal de la santa inquisición, en Colombia las instancias judiciales que apenas hace 6 días prohibían a De La Espriella usar la camiseta de la selección Colombia, ahora le prohíben decir “Firmes por la Patria”

Primero fue el Juzgado 120 Penal Municipal de Bogotá. El 3 de junio, la jueza le prohibió a El Tigre vestir la camiseta de la Selección Colombia. Argumentó —con esa solemnidad que tanto les gusta a los que mandan— que la tricolor del fútbol es “símbolo de unidad deportiva” y no puede “parcializarse”. Hasta ahí, uno podría tragarse el cuento de que fue una decisión aislada y aleatoria.

Pero seis días después, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Segunda Laboral, fue más lejos: le prohibió el saludo militar y —agárrense— hasta las palabras “firmes por la patria” y “Defensores de la Patria”. Veinticuatro horas para borrarlo todo de redes, vallas, volantes y piezas de campaña. Veinticuatro horas para desaparecer a un hombre del mapa simbólico de su propio país.

La evolución es escalofriante. Lo que empezó como una camiseta de fútbol terminó siendo el secuestro judicial de la libertad de expresión. Si el primer fallo amordazaba la prenda, el segundo amordaza la palabra. Si el primero le quitaba la tela, el segundo le arranca el verbo. ¿Qué sigue? ¿Prohibirle pronunciar “Colombia” en sus discursos? ¿Decretar que el amarillo de su corbata constituye proselitismo indebido?

Aquí no hay derecho electoral: hay guerra jurídica en estado puro. Aquí no se protege al elector: se protege al establecimiento que tiembla ante un outsider de verbo encendido. El expediente lo promueve un ciudadano —Dylan Lizarazo Ramos—, pero detrás del oficio judicial se asoma esa maquinaria silenciosa que en Colombia siempre encuentra un juez dispuesto a firmar lo que el poder no se atreve a decir en voz alta. Mientras la Rama Judicial duerme la siesta sobre quejas reales —corrupción, financiación opaca, clientelismo—, despacha en horas medidas cautelares contra el que incomoda.

Y conviene preguntárselo sin anestesia: ¿Desde cuándo, en una democracia, un tribunal decide qué frases puede pronunciar un candidato a once días de la segunda vuelta de una elección presidencial? ¿Desde cuándo la palabra “Patria” es propiedad exclusiva de quienes ya están en el poder? La libertad de expresión, esa que tanto invocan en los foros los activistas de la izquierda política cuando hablan de derechos humanos, se está degollando aquí mismo, en sala de decisión laboral, con sello y firma judicial.

A De La Espriella le quedan pocos caminos en el patio interno. La justicia que debería ampararlo es la misma que le cose la boca. Por eso —y que nadie se llame a engaño— el único sendero serio que le resta es internacional: acudir, sin demora, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y solicitar medidas cautelares urgentes por violación flagrante a los artículos 13 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos —libertad de pensamiento y de expresión, y derechos políticos—. Que sea Washington, ya que Bogotá no quiere, la que le recuerde a este país que amordazar a un candidato a días de unas elecciones no es justicia: es golpe blando con sello notarial.

La patria, señores magistrados, no se decreta. Se siente. Y por más autos que firmen, no podrán prohibirle a un pueblo gritar lo que ya lleva dentro, aun si todo el establecimiento se pone contra “El Tigre”.