12 Ago Terremotos, muertos y corrupción en licencias de construcción

Por: Rodolfo Correa

Abogado – Doctorando en Derecho Público

El sismo ocurrido en Colombia este 10 de agosto de 2026, de magnitud 7,4 dejó 241 muertos, 3.755 heridos, 287 desaparecidos, 9.215 viviendas destruidas y 140 edificios colapsados, según el balance publicado por La República. La tierra explica el movimiento. No necesariamente explica toda la tragedia.

Evidentemente detrás de todas estas muertes hay una causa silenciosa: la falta de cumplimiento de las normas de sismo resistencia al momento de construcción de estas edificaciones. ¿Por qué pasa esto? Generalmente la situación se asocia a edificaciones ilegales, licencias irregulares o controles comprados. Todavía no es posible discriminar cuantas edificaciones se encontraban en una de estas variables, pero Colombia tiene antecedentes suficientes para que esa pregunta no quede sepultada bajo los escombros.

En Cartagena ya ocurrió. En 2024, la Procuraduría confirmó la destitución e inhabilidad por 19 años de tres funcionarios que recibieron dinero para omitir la vigilancia de construcciones ilegales. Una fue Portal Blas de Lezo II: colapsó en 2017 y murieron 21 personas. La Fiscalía estableció además que 34 edificios construidos por el mismo grupo incumplían normas urbanísticas y utilizaron licencias falsas.

Las alarmas también alcanzan a quienes expiden licencias. La Fiscalía obtuvo condena contra una exdirectora de Planeación de Funza por recurrir a falsedades para modificar una licencia urbanística. En Cartagena, la Procuraduría destituyó a un curador urbano por conceder una licencia para un edificio de 21 pisos desconociendo normas del POT y apoyándose en un concepto técnico correspondiente a otro predio. Y en 2025 el Ministerio Público advirtió que la sobrecarga de secretarías de Planeación en municipios que no habían implementado curadurías aumentaba los riesgos de corrupción en la gestión urbanística.

La corrupción urbanística tiene una particularidad siniestra: no siempre roba dinero. A veces roba seguridad.

Una licencia de construcción no es un sello burocrático. Es una decisión pública detrás de la cual puede estar la vida de una familia.

Por eso, cada edificio colapsado por este terremoto debe abrir también su expediente: licencia, estudio de suelos, diseño estructural, supervisor, modificaciones, visitas de control y responsables. Colombia necesita una auditoría extraordinaria sobre las licencias de las edificaciones afectadas y un sistema nacional digital y trazable que conecte licencias, catastro, planos y responsables técnicos.

No necesitamos más normas para simular control. Necesitamos saber quién autorizó qué, con qué soporte y bajo qué responsabilidad.

La falla geológica no se puede encarcelar. La corrupción urbanística, sí. Es hora de hacerlo, por respeto a las víctimas y por seguridad para toda la ciudadanía.