01 Mar ¿Los CAI del gobernador a elefantes blancos?

La Veeduría Identidad y Defensa de lo Público, VID, en Rionegro, con reconocimiento legal, se acaba de apuntar un resonante triunfo jurídico y en beneficio de la moral y la protección del patrimonio público, lo que en contraste significaría un presunto revés para la suerte y el futuro jurídico del actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona.

Este organismo veedor logró que un juez administrativo diera vía libre a una acción de cumplimiento que a través de una muy completa sentencia se demuestra que dos CAI o Comandos de Atención Inmediata en Rionegro, no cumplieron los fines para los cuales se construyeron con recursos públicos o no prestaron servicio y por tal motivo deberán ingresar a la lista negra de obras inconclusas en Colombia o en otras palabras los tristemente famosos elefantes blancos de la corrupción nacional.

Esa decisión judicial está contenida en la sentencia No.035 del 26 de febrero de 2024 proferida por el Juzgado 31 Administrativo de Medellín.

A través de este medio de control, que pretende el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos, dicha veeduría demandó del Municipio de Rionegro un pronunciamiento, pero respetando la verdad y la ley, sobre sí o no esas obras han operado o no en los últimos años.

La gran trascendencia de esta decisión del juez administrativo es que accede a las pretensiones de la VID y ordena al Municipio de Rionegro que diga la verdad sobre la situación de esos dos CAI.

La importancia jurídica de este caso es que involucra directamente al recién posesionado gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, quien ordenó la construcción de esos CAI cuando fungió como alcalde de Rionegro, Antioquia, en el cuatrienio 2016 – 2019.

Se trata de los CAI ubicados en los sectores rionegreros de Cuatro Esquinas y San Antonio de Pereira, que como para la citada Veeduría no entraron en servicio adecuadamente desde esa época solicitó la intervención funcional excepcional de la Contraloría General de la República que, tras adelantar los procedimientos de auditoría a los dos contratos, determinó dos hallazgos con connotaciones fiscal y disciplinaria por valor de 1.269.441.202 millones de pesos.

Pero ese pleito se enrareció o se complicó aún más, puesto que en su informe de auditoría la misma Contraloría concluyó que esos dos CAI no hacen parte de la estructura orgánica de la institución policial, ya que, en el concepto emitido por esta institución, se consideró improcedente y, además, no cuentan con los avales técnico, jurídico y catastral requeridos.

Todos estos datos están incluidos en la sentencia del juez 31 administrativo de Medellín y son sumamente claves en el proceso de la acción de cumplimiento, pues el juez emplazó a la Policía Nacional a demostrar y decir con claridad SI o NO esos CAI prestaron el servicio para el cual fueron construidos. Y como sus respuestas no fueron satisfactorias o convincentes, dicha autoridad judicial determinó que la acción de cumplimiento era pertinente.

Así las cosas, el juez determinó:

“Ordenar al Municipio de Rionegro a través de su representante legal, que designe un comité técnico para que, conforme a los criterios y el término para la incorporación establecidos por la Contraloría General de la República, defina si los Comandos de Atención Inmediata, CAI, del Municipio de Rionegro, Antioquia, deben ser inscritos en el Registro Nacional de Obras Inconclusas, así como en el Inventario de Obras Inconclusas que hará parte integral del banco de proyectos de la respectiva entidad, para lo cual se otorga un plazo de treinta (30) días contados a partir de la ejecución de esta providencia, conforme se expuso”.

El Municipio de Rionegro debe proceder bajo los criterios de ley y no correr el riesgo de cometer un eventual fraude procesal al intentar afirmar que los CAI si prestaron servicio y no deben ser obras inconclusas, cuando a lo largo de todo el expediente judicial del Juzgado citado se demuestra que no.

En un trabajo periodístico del diario EL Colombiano de octubre de 2022, escrito por el periodista Cristián Álvarez Balbín, se hace una radiografía de campo de la situación y se afirma que “como espantapájaros que buscan dar una impresión de seguridad, muchas veces sin lograrlo, se podrían calificar los tres Centros de Atención Inmediata (CAI) en Rionegro que llevan hasta cinco años sin ser ocupados completamente por la Policía.

“Por ejemplo el CAI de Cuatro Esquinas, construido en 2017 con un costo de $350 millones, esperaba brindar vigilancia a 20 barrios del oriente de Rionegro con los dos cuadrantes que allí se instalarían, según indicó la administración de ese entonces. Sin embargo, la estructura estratégicamente ubicada en el cruce que lleva de Rionegro a El Carmen de Viboral y Marinilla, estuvo desocupada por casi cinco años e incluso fue tomado por algunos ciudadanos para hacer las rumbas decembrinas de 2021.

“Según le comentaron los vecinos a El Colombiano, en este CAI hace poco ya hacen presencia algunos policías, pero de una forma esporádica. El refuerzo allí es necesario si se tiene en cuenta que su ubicación está en medio de una zona de vulnerabilidad de microtráfico bastante marcada. De hecho, el complicado sector de El Laberinto está a unas cuantas cuadras de él.

“A tres kilómetros de allí está el CAI de San Antonio de Pereira entregado en 2019. Sin embargo, luego de tres años la estructura de 60 metros cuadrados y $643 millones no tiene ni un policía adentro pese a que se mantiene en buenas condiciones.

“El asunto cobra relevancia pues el CAI se halla en una zona turística y de mayor crecimiento urbanístico que se ha vuelto foco para el expendio de microtráfico de forma itinerante de estructuras delincuenciales como La Terraza, El Mesa y Los Pamplona.

“Es más, el pasado 23 de junio un ataque sicarial –que dejó un muerto y dos personas heridas– ocurrió a escasos metros del CAI, lo que remarcó más su necesidad.

Por último, se halla el CAI del Alto del Medio, distante 700 metros del parque principal. Este, también inaugurado en 2017. Según contaron los vecinos, hasta hace unas semanas, son pocas las veces que se ha visto policías en él.

“Tal vez el día que vieron más uniformados fue el pasado 5 de noviembre de 2020 cuando la Policía Nacional conmemoró los 129 años de la institución con una serenata de mariachis organizada por la misma comunidad.

“Pero desde ese día, la ausencia ha sido la constante pese a que como admite la Alcaldía, la zona es vulnerable en seguridad y más si se tiene en cuenta que según medios locales desde inicio de 2022 pasó de ser controlada por Los Pamplona a manos de El Mesa y el Clan del Golfo.

“Con el CAI solo, era muy común ver pelaos por acá tirando ‘mariguanita’ en la manga a su alrededor. Incluso hubo días que amanecía con la puerta blindada abierta. Como que se metían dentro de él a hacer quien sabe qué porque nunca vimos que la Policía lo abriera”, dijo un vecino.

“El alcalde de Rionegro Rodrigo Hernández comentó que viene con “la lucha” de conseguir policiales para los CAI desde el inicio de su administración en 2020 sin que la dirección de Policía anterior le haya prestado atención”, se lee en el texto de dicho periódico.

Este desolador panorama de los CAI enreda la situación jurídica del Gobernador Rendón, pues como la Contraloría General de la República decretó el detrimento patrimonial en esos CAI, el caso pasó a la justicia penal.

En tal sentido una juez penal de Rionegro llamó a audiencia de imputación de cargos al candidato por ese entonces a la Gobernación de Antioquia, Andrés Julián Rendón, la que se aplazó para después de los comicios territoriales de octubre pasado.

Pero como Rendón salió electo gobernador, por su nuevo fuero este asunto pasó a manos de la Corte Suprema de Justicia, el juez natural de los mandatarios seccionales, y por tal motivo se encuentra a disposición de un fiscal delegado ante ese alto tribunal, al cual podría llegar la decisión del juez administrativo, una vez esté ejecutoriada, de declarar posiblemente a los CAI elefantes bancos.

Este no es el único lío penal del gobernador, pues también existe otra denuncia andando en su contra por presunto fraude al elector, al que se suma una demanda de nulidad electoral por el mismo caso.