05 Feb Debate por zona de protección en el Suroeste

Las nuevas voces que han surgido sobre el borrador de resolución que recientemente el Ministerio de Medio Ambiente puso a disposición para comentarios de la ciudadanía, dejan al descubierto un fuerte debate sobre los posibles alcances o la interpretación correcta en torno a las intenciones de esa resolución que pretende declarar y delimitar temporalmente una zona de protección y desarrollo de recursos naturales renovables y del medio ambiente en once municipios del Suroeste antioqueño, dos municipios de Caldas y uno de Risaralda.

Los municipios son Caramanta, Jardín, Valparaíso, Andes, Támesis, La Pintada, Jericó, Pueblorrico, Tarso, Fredonia, Santa Bárbara (Antioquia), Riosucio y Aguadas (Caldas) y Mistrató (Risaralda).

Para el congresista uribista antioqueño y obviamente opositor al gobierno petrista, Hernán Cadavid, esa medida, que calificó autoritaria, causaría un daño en el Suroeste de Antioquia, porque actividades agrícolas se verán acabadas, al tiempo que formuló cinco interrogantes a la ministra del Medio Ambiente, Susana Muhamad:

1. Si la minería es lo que más afecta la protección del agua, ¿por qué no se toma esta medida en el Bajo Cauca afectada por la minería ilegal? Con esta medida se castigan los proyectos mineros legales, ¿qué hacen con los ilegales?
2. ¿Qué pasa con los proyectos productivos (no mineros) asentados en la región del suroeste, se frena el desarrollo económico? Empleo y productividad de la región. La comida de trabajadores
3. ¿Qué pasa con los macroproyectos del sector cafetero, aguacatero, cítrico que se localizan en la troncal del Pacífico Dos, que ayudan a fortalecer la economía del país? ¿Les ofrecerán una olla comunitaria?
4. ¿Bajo el principio de precaución se restringirán todas las actividades productivas del país? Sectores gremiales y productivos deben ayudarnos a advertir el grave peligro para la economía Antioqueña.
5. Ya el gobierno del presidente Gustavo Petro dio un golpe a Antioquia arrebatando competencias en delegación minera; ahora acabarán con otras actividades productivas en el Suroeste. Mientras tanto la ilegalidad suelta en otras subregiones y tampoco los combate”.

Posición de Echeverry

Mediante el siguiente comunicado el senador Nicolás Albeiro Echeverry expuso su postura en torno a ese proyecto de resolución del Minambiente:

1. En Colombia es necesario priorizar las áreas de reserva y tener una política más asertiva para declarar y delimitar las zonas de protección de los recursos renovables y del medio ambiente.
2. También es cierto que las leyes ambientales, que son de orden público y que están condicionadas por la participación ciudadana, son de estricto cumplimiento. Colombia ha firmado y ratificado tratados que honran la participación ciudadana y protegen el medio ambiente
3. El Sistema Nacional Ambiental – SINA debe honrar los principios constitucionales de la descentralización, la autonomía y la participación; ahí radica el núcleo esencial del Estado Social de Derecho y de una República unitaria con desconcentración, descentralización y cuya soberanía reside en el pueblo.
4. La resolución, evidentemente improvisada, es violatoria de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad cuyo desconocimiento afecta, no solamente la integralidad del territorio y el medio ambiente, sino la calidad de vida de las personas, sus actividades económicas y, en consecuencia, genera pobreza y profundiza la inequidad.
5. Finalmente la Ley 99 del 93 requiere ajustes, no se puede negar. Pero las Corporaciones Ambientales son un patrimonio administrativo y conocimiento ambiental en el territorio y no pueden ser desconocidas desde el poder central. Hay que construir sobre lo ya construido, sin desconocer el territorio y la gente.
6. Considero que decisiones en el gobierno del cambio no pueden obedecer a la imposición, pregunto: ¿En la zona hay comunidades indígenas reconocidas, ¿se surtió la consulta previa? ¿Esta decisión cumple con el Acuerdo de Escazú, involucrando los actores del territorio en la toma de decisiones ambientales?

La interpretación de Norman Correa

Frente a mensajes que circulan en Redes Sociales, generando temor en las actividades productivas de esos municipios, el defensor del Suroeste y exdiputado Norman Correa dijo que ese ese tipo de declaratorias ya se han hecho en el pasado en Colombia, en zonas de interés ambiental como el Páramo de Pisba o la Sierra Nevada de Santa Marta, y se toman como medida temporal en virtud de los principios de precaución y prevención, es decir, son una medida cautelar en procura de que las actividades de alto impacto ambiental como la minería a gran escala no avancen en el territorio, con la posibilidad de dejar daños irreparables e irreversibles. Adicionalmente permiten que, durante el tiempo de los estudios para precisar la zona de protección, se avance en los diálogos con la comunidad y con las consultas previas en donde corresponda.

En el caso de estos 14 municipios estamos hablando de 92.701 hectáreas aproximadamente, correspondientes al 23,51% de la superficie de los mismos, es decir, menos de la cuarta parte.

En los polígonos que se mencionan en este borrador, en su interior se encuentran 145 títulos mineros, distribuidos así:

6 en Exploración

21 en Explotación

1 en Construcción y Montaje

117 en Solicitud de Evaluación

Actualmente hay dos sentencias que debe cumplir el Ministerio de Medio Ambiente, la primera de la Corte Constitucional referida al Río Cauca como sujeto de derechos y la segunda del Consejo de Estado que conmina a las entidades del SINA (Sistema Nacional Ambiental) y a las autoridades mineras a reducir el déficit de protección ambiental y mejorar los mecanismos de participación efectiva de la ciudadanía (hasta ahora, convidada de piedra).

En contravía de la primera sentencia, recientemente el Consejo Directivo de Corantioquia sustrajo más de cuatro hectáreas del área de protección del Río Cauca (Bosque Seco Tropical) y se las entregó a la Minera Quebradona (de la Multinacional Anglogold Ashanti) para convertirlas en zona industrial.

En el Suroeste el Presidente en enero le dio la instrucción a la Ministra de Medio Ambiente de parar la gran minería en Jericó y Támesis y adicionalmente en cumplir su promesa de campaña de constituir en la región un Distrito Agrario y Ecológico. Este borrador de resolución, pareciera ser un paso en esa dirección.

Más que generar pánico en el ecosistema productivo de la subregión (que al parecer es el propósito de algunos en redes sociales), lo que debemos abogar es por generar estudios que precisen la zona de protección y diálogo social que informe y permita a la ciudadanía incidir en la toma de decisiones. De eso se trata este año cautelar, de que avancemos en la dirección acordada políticamente, nutriéndola con el soporte científico y con el consenso social.