
22 Ago Personería: 90 años defendiendo los derechos en Medellín
El origen de las personerías data casi desde el momento mismo en que la humanidad tuvo la necesidad de organizarse en forma de Estado.
De ellas se conocieron varias instituciones en la Roma Imperial, como el defensor civitatis que debía defender a los ciudadanos, especialmente a los más pobres, contra las arbitrariedades de los funcionarios.
Durante la edad media se conocieron las personerías, aunque con funciones en esencia fiscales y tangencialmente como defensora del pueblo y como parte de los procesos penales, al parecer con origen en Francia.
La figura de los personeros llega a América mediante las reales cédulas de 1519 y 1528 y con la denominación de los síndicos personeros del común, para defender los derechos de los indígenas.
En Colombia, la institución del personero municipal fue heredada del régimen español durante la colonia, en el siglo XIV, oficiando como defensor de los derechos de los ciudadanos.
En el año 1825, la Ley del 11 de marzo incluyó, al reglamentarse la organización de las municipalidades, la figura de procurador municipal, encargado de representar los intereses municipales. Luego, la Ley 3 de 1848, estableció que el presidente del Concejo Municipal ejercería las funciones de personero.
La Constitución de 1863, declaraba al Ministerio Público, en cabeza del procurador general de la nación, como defensora de los ciudadanos, pero ni ésta ni ninguna de las anteriores mencionaban al personero ni incluía sus funciones.
Sólo en la Constitución de 1886 se le incluye como parte del Ministerio Público, siendo nombrado por el Presidente de la República. La Ley 81 de 1886 establece que en cada distrito y municipio habría un personero municipal, encargado de defender los intereses de la nación, promover la ejecución de leyes, sentencias judiciales y disposiciones administrativas, y súper – vigilar la conducta oficial de los empleados públicos.
Con la Ley 149 de 1888, se le atribuye a la institución la representación legal de los municipios, siendo el encargado de realizar los contratos para la adquisición de bienes y servicios, entre otros.
Con la reforma constitucional de 1910, se faculta al Concejo de Medellín para elegir, anualmente, al personero del distrito.
Aunque la figura de personero ya exista en Medellín desde el siglo XIX, sólo hasta el año 1932 se crea la Personería de Medellín, mediante el Acuerdo 63 de 1932, aunque en principio se denominara departamento de asesoría, con el personero como jefe.
Ese mismo año, el Acuerdo 104 reorganiza la estructura de este ente, que en adelante se denominara Personería Municipal, hoy Personería de Medellín. En este acuerdo, además de las funciones ya mencionadas de defensa de los ciudadanos y la representación legal del Municipio, se le atribuye la obligación de revisar todos los proyectos de acuerdo de carácter permanente que cursen en la administración municipal.
Por eso durante este 2022 la Personería Distrital de Medellín está celebrando sus 90 años de existencia. Esta entidad ha transformado la calidad de vida de los ciudadanos, garantizando y protegiendo los derechos humanos que son fundamentales y necesarios para la construcción de una sociedad. Nueve décadas fortaleciendo el respeto y la garantía de los más vulnerados para estar más cerca de la comunidad.
Son 18 lustros, donde La Personería de los medellinenses ha vigilado la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, protegido el interés de todos, además del medio ambiente, aportado a la solución alternativa de conflictos, al fortalecimiento, respeto y garantía de la diversidad y grupos poblacionales, buscando estar más cerca de la comunidad y potenciar las transformaciones sociales, buscando alcanzar la justicia social e impulsar la fuerza de la democracia.
Al llegar a sus 90 años de existencia, el cargo de personero de la capital de Antioquia lo ejerce el abogado chocoano William Yeffer Rivas Lloreda, quien desde el 2020 rige esta agencia del Ministerio Público. Para el siglo XXI, la Personería de Medellín se perfila para ser reconocida internacionalmente como institución líder, por su labor en la guarda y promoción de los derechos humanos, y la vigilancia de la conducta oficial, además de la protección del interés público.
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