03 Ago El trilema de la IA en Colombia. Regulación que frena el futuro

Una regulación sin conciencia sobre capacidades, costos y contexto puede terminar “protegiendo” el presente a costa de cancelar el futuro.

Por: Rodolfo Correa. CEO iA School.

Doctorando Universidad Alicante.

El trilema de la inteligencia artificial se presenta cuando al momento de regularla el Estado debe elegir entre proteger la seguridad nacional, impulsar la competitividad económica o garantizar la seguridad social. Las tres metas son legítimas. El problema es que no siempre avanzan juntas.

Más control puede reducir abusos, discriminación y amenazas, pero también encarecer la innovación. Más velocidad tecnológica puede elevar la productividad, aunque aumente la dependencia, la desigualdad y el desplazamiento laboral. Y una protección social mal diseñada puede terminar convertida en una barrera que solo las grandes multinacionales están en capacidad de soportar. Ese es el trilema: proteger, competir y conservar la confianza social sin sacrificar alguna de las tres y Colombia, parece, quiere resolverlo con una fotocopia.

En efecto, el Proyecto de Ley 065 de 2026 Senado pretende regular integralmente la inteligencia artificial. Habla de sistemas de alto riesgo, evaluaciones de impacto algorítmico, supervisión humana, aplicación extraterritorial, vigilancia y sanciones. El lenguaje suena contemporáneo. Pero el problema no está en las palabras, sino en la falta de conciencia sobre lo que cuesta hacerlas realidad.

El proyecto adopta buena parte de la lógica europea de regulación basada en riesgos. Pero Europa no se limitó a aprobar prohibiciones y obligaciones. Creó una Oficina de IA, autoridades especializadas, estándares armonizados, instrumentos de cumplimiento, mecanismos para fomentar la innovación y fábricas de inteligencia artificial. Europa regula con músculo institucional, capacidad técnica, inversión y un mercado integrada; pero Colombia corre el riesgo de copiar el freno y olvidar el motor.

No es lo mismo exigir evaluaciones, auditorías y controles a una multinacional tecnológica que imponerlos a una startup de Medellín, una pyme de Bucaramanga o un emprendimiento de Cali. Las grandes empresas podrán pagar abogados, consultores, certificaciones y sistemas de cumplimiento. Las pequeñas tendrán dos opciones: no innovar o comprarles la tecnología a quienes sí pueden cumplir.

La consecuencia sería absurda: una ley presentada para proteger la soberanía tecnológica podría consolidar nuestra dependencia de las grandes multinacionales.

Además, el proyecto promete financiación, alfabetización, reconversión laboral, innovación regional y adopción empresarial, pero sostiene que no genera impacto fiscal. También deja aspectos esenciales de la gobernanza para una reglamentación posterior y asigna responsabilidades de vigilancia sin demostrar que exista la capacidad técnica e institucional necesaria. Mucha ambición normativa y poca ingeniería pública.

Colombia sí debe regular la IA. Pero no debe hacerlo desde el miedo ni desde el complejo de inferioridad legislativa que nos lleva a creer que copiar a Europa equivale a convertirnos en Europa.

La regulación debe concentrarse en usos concretos de alto impacto: salud, justicia, crédito, empleo, seguridad y servicios públicos. Debe crear entornos reales de experimentación, diferenciar entre startups, mipymes y proveedores globales, medir los costos regulatorios y acompañar las obligaciones con financiación, formación e infraestructura.

La pregunta no es si debemos proteger a las personas. Claro que debemos hacerlo. La pregunta es si vamos a protegerlas fortaleciendo nuestra capacidad para desarrollar tecnología o condenándolas a consumir la que otros produzcan.

Ese es el verdadero trilema colombiano: proteger, innovar y no depender.

Si el Congreso no lo entiende, la regulación no gobernará el futuro. Lo frenará.