11 May La política en Medellín entre papayazos, toreadas y quinteritas vs. uribistas

Cuando se pensaba que la decisión del CNE de liquidar del todo la revocatoria del mandato contra el alcalde Daniel Quintero iba a tranquilizar un poco la política en Medellín para enfrentar la descompuesta campaña presidencial, nuevamente, en pocas horas y en un solo día la política se volvió a agitar, alterar y calentar a niveles muy altos e insospechados por las actuaciones del alcalde, las decisiones de la Procuraduría, las disputas internas en el uribismo y sus agarrones y venganzas con el quinterismo, a lo que se sumó y se remató con la tirada de toalla de la inviable desde un principio candidatura presidencial de Luis Pérez.

El 10 de mayo fue un martes negro en la política de la ciudad como consecuencia de la calentura que se registró con los papayazos que se dieron entre los hoy durísimos oponentes como son el quinterismo-pretismo y el uribismo, y por la errónea e innecesaria estrategia de un concejal de ponerse a torear a su propia cuadrilla partidista que hoy pone al cuarteto de concejales rebeldes contra las cuerdas y la pared.

Y comencemos por este último episodio que en realidad es el primero de una cadena de sucesos político-jurídicos-administrativos que derivaron en el nuevo despelote municipal de ribetes nacionales.

El primero en armar las hostilidades fue el concejal Albert Corredor al exigir la renuncia de las directivas del Centro Democrático, CD, incluido el mismismo Álvaro Uribe, por la pésima forma como actuaron contra él y sus compañeras de concejo y de partido Lina García, Nataly Vélez y María Paulina Aguinaga, quienes ante el CNE derrotaron al CD y recuperaron todos sus derechos y facultades como corporados.

Pero Corredor, que con durísima e inesperada postura seguramente buscaba que lo expulsaran o los echaran a los cuatro del partido, no calculó la respuesta de los mandamases del CD, que el martes ripostaron aún más crudamente anticipando a casi un año y medio de los comicios territoriales del 2023 que no avalará a esos cuatro cabildantes, lo que en otras palabras quiere decir que nos los expulsará para no facilitarles que puedan aspirar por otro partido el próximo año.

También se puede interpretar que, con su respuesta, el CD lo que busca es obligar que los cuatro concejales renuncien y entreguen las curules a más de un año y medio de terminar el vigente periodo del Concejo de Medellín, lo que sería mortal para el futuro de ese cuarteto de políticos.

En concepto de aliados a las otras tres concejales, Albert Corredor se equivocó, metió las patas y se apresuró al torear a la cúpula uribista, pues no lo van a echar y, por el contrario, se la pusieron aún más dura con el anuncio que no los van a avalar.

Para que un concejal en ejercicio aspire en las siguientes elecciones por otro partido, debe renunciar al suyo y entregar la curul un año antes del día anterior al inicio de las inscripciones de candidatos, que se abren cuatro meses antes de las elecciones.

Como los próximos comicios territoriales en Colombia son el 29 de octubre de 2023, las inscripciones de aspirantes comienzan el 29 de junio. Es decir, que los cuatro concejales en líos con su partido tienen plazo hasta este 28 de junio para renunciar al CD y cederle las curules, lo que implicaría quedarse sin vigencia política y sin platica durante 18 meses. Todo un suicidio político o es tener mucho talante para aguantar ese ayuno.

Ahora, existe la estrategia en el sentido de renunciar al partido, pero no entregar las cuatro curules, que serían reclamadas por el CD.

En concepto del perito electoral Guillermo Mejía no ve claro ese plan, pues hace notar que dicho partido inmediatamente se produzca la renuncia, solicitaría a la Registraduría que le certifique quiénes siguen en la lista y con ella le pediría al presidente del Concejo de Medellín que los posesione en sustitución de los que dimitieron. “No veo que es lo que va a demandar el apoderado jurídico de los cuatro concejales para mantenersen en sus curules”, dijo Mejía.

El tsunami del alcalde

Pero cuando apenas en la tarde del martes se terminaba de comprender lo sucedido dentro del Centro Democrático, otro tsunami político afectaba la vida pública de Medellín, al trascender la decisión de la Procuraduría de suspender de sus funciones como alcalde a Daniel Quintero por, según ese organismo de control, violar reiteradamente las disposiciones que prohíben a los servidores públicos participar en política, que de acuerdo con muchas personas, la taza se llenó con el video en redes sociales en el cual el mandatario dentro de un automóvil llamada hacer “el cambio en primera”, en clara alusión y favorecimiento a Petro.

Esta medida disciplinaria originó desde el mismo martes y todo este miércoles un encendido debate de dimensiones nacionales en el que los personajes centrales fueron la procuradora Margarita Cabello y el alcalde Quintero Calle.

Las interpretaciones políticas no se hicieron esperar y este episodio fue atribuido a la agria disputa entre quinteristas, amigos del petrismo, y los uribistas escudados en la titular del Ministerio Público.

Con sus muy directas y desafiantes acciones y referencias, consideran que el alcalde no cumplió el onceavo mandamiento de no dar papaya y el uribismo por medio de la procuradora corrió a suspender a Quintero por tres meses mientras se adelantan las investigaciones, según consta en la resolución que contiene el auto sancionatorio de 27 páginas.

Durante todo el miércoles la prensa nacional por radio, prensa, TV y canales digitales se ocuparon del tema de Medellín y esa fue la noticia del día, al tiempo que expertos de todo tipo opinaron a favor y en contra de la decisión de cesar a Quintero como alcalde, a quien los uribistas no pudieron tumbar mediante el mecanismo de participación ciudadana de la revocatoria del mandato, por lo cual utilizaron la vía de la procuraduría hoy en manos de una clara funcionaria de origen uribista-duquista.

La controversia se centró en que una funcionaria del orden administrativo, como la procuradora, no puede suspender o destituir a un funcionario elegido por el voto popular como el alcalde Quintero, sin mediar un fallo judicial, idéntico a como ocurrió hace ya casi diez años con Gustavo Petro en Bogotá, quien luego fue restituido en su cargo, pues su destitución violó el tratado de San José suscrito por Colombia y que está respaldado por una ley de la República y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, ante la cual fue demanda Colombia en el caso de Petro.

Sin embargo, la polémica creció al trascender que la reciente reforma en el Congreso de la República a las funciones de la Procuraduría, le habrían otorgado facultades judiciales, además de las disciplinarias, con base en las cuales Margarita Cabello acaba de suspender a Quintero.

Como se conoció que esas reformas al Ministerio Público pasaron a revisión de la Corte Constitucional, no se pueden usar aún para disciplinar a un investigado, hasta tanto la Corte se pronuncie sobre si se ajustan o no a la Carta del 91.

Entre tanto, abogados comenzaron a estudiar el alcance de la resolución de suspensión para analizar los recursos que tiene el alcalde contra esa medida, como, por ejemplo, la apelación ante la misma procuradora, ante jueces vía tutela por la violación al derecho de elegir y ser elegido, y por transgredir un tratado internacional sobre derechos políticos.

“Es un golpe de Estado”

Y mientras los peritos echaban todo el día humo intelectual sobre el caso del travieso alcalde, éste convocó a un plantón o concentración de sus seguidores denominado “por la defensa de la democracia” en la plazuela central de La Alpujarra, que se llenó pese a la aburrida temporada invernal que no para.

Casi a las seis de la tarde el alcalde Daniel Quintero apareció en la azotea o terraza sobre la entrada principal a la Alcaldía de Medellín y momentos después que se conociera que el presidente Iván Duque había designado alcalde encargado para Medellín, al antioqueño y comisionado de Paz, Juan Camilo Restrepo Gómez.

El alcalde rodeado de su esposa, de miembros de su gabinete y militantes del Movimiento Independiente pronunció un fuerte discurso en contra de la suspensión de la procuradora uribista, maniobra que catalogó como un golpe de Estado contra la democracia de Medellín y contra la voluntad popular de las gentes de la ciudad, lo mismo, dijo, que quieren extender en lo nacional en las próximas elecciones.

Denunció que se está gestando una dictadura con el hecho de que una funcionaria administrativa suspenda a un alcalde popular.

Calificó al alcalde interino de fantoche y del GEA, que era lo que han querido con su sacada del cargo.

“Están rompiendo la institucionalización, están violando el debido proceso, la carta interamericana, violan la voluntad de los votantes”, dijo Quintero para llamar a una resistencia democrática, pero pacífica”.

En su opinión las acciones en su contra para sacarlo de la Alcaldía fueron planeadas por el expresidente Álvaro Uribe y por el empresario Manuel Santiago Mejía.

Habló de dos intentos de asesinato, pero no específico sobre esas denuncias.

Al final dijo que sus oponentes “no pasarán, iremos a la calle y a los jueces”.