22 Sep Alertan por riesgos del Acuerdo de Escazú

Los gremios, profesionales, analistas en sostenibilidad y empresarios que participan de “La Iniciativa Antioquia por la Minería Sostenible” alertaron a los miembros del Senado y Cámara por los contenidos del Acuerdo de Escazú, tratado que el Gobierno Nacional ha llevado a consideración del Congreso, con carácter de urgencia.

Por las redundancias y riesgos para la soberanía, la sostenibilidad y el desarrollo que entraña, “La Iniciativa Antioquia por la minería sostenible” invitó al Congreso de Colombia a no aprobar el proyecto de ley sometido a su consideración.

El Acuerdo de Escazú, documento construido por la Cepal, fue firmado el 4 de marzo de 2018 en Costa Rica. Lo suscribieron 22 países de Latinoamérica y El Caribe. A la fecha, este sólo ha sido ratificado por nueve de los firmantes. En Perú, Chile y Brasil, las organizaciones de la sociedad civil y los gobernantes departamentales (o estatales) han presentado fuertes objeciones a que sus países ratifiquen este Acuerdo. Después de haber desestimado su ratificación y tras llegar a acuerdos con el Comité del Paro, el Gobierno Nacional ha presentado al Congreso el proyecto de ley para que el país entre a ser miembro de ese Acuerdo, con las consecuencias de carácter constitucional e institucional que tal decisión conlleva. El análisis realizado por la Iniciativa Antioquia por la minería sostenible identificó las normas vigentes en Colombia sobre derecho a la vida, protección del medio ambiente, acceso a la información pública y garantías de la justicia que son redundantes con la normatividad del Acuerdo de Escazú.

Además de redundancias, la norma propuesta tiene fuertes contradicciones con la legislación y acuerdos internacionales, además de que genera serios riesgos para la soberanía nacional. Los riesgos más notorios e inquietantes se presentan en la imposición de apertura de información de carácter privado de empresas en competencia a personas y organizaciones no sólo nacionales -que hoy tienen amplio acceso a información de carácter ambiental- sino de estado miembros del Acuerdo pero que son competencia de Colombia en múltiples actividades económicas. Del mismo modo, es preocupante la subordinación a difusas instancias internacionales a que quedan sometidas las decisiones de comunidades locales sobre su desarrollo y las de autoridades municipales, departamentales y nacionales sobre sus decisiones en materia de ordenamiento territorial, afirmó en un documento escrito la citada Iniciativa en el campo minero.