06 Sep Al rojo vivo la transformación de la FLA

Un muy interesante y no fácil debate jurídico, tributario, financiero y sobre comercialización de los licores, salió a flote en la primera semana de trabajo en sesiones extraordinarias de la Asamblea de Antioquia y cuyos diputados tienen la enorme responsabilidad de definir y acertar sobre la propuesta del Gobierno Departamental de convertir a la Fábrica de Licores o no en una empresa industrial y comercial del Estado, y sobre lo cual  existen muchos argumentos en pro y en contra, también dudas, muchas preguntas y opiniones entre los diputados.

Para entender en qué se avanzó en la Duma seccional, invitamos a su presidente el abogado liberal Rubén Callejas para que explique los detalles de cómo comenzó esa trascendental discusión y definición en juego de gran impacto para Antioquia.

¿Presidente, bienvenido a Panoramapolitico.co y le consulto qué pasó en la primera semana de discusión del proyecto que busca la transformación empresarial de la FLA?

Saludos Nacho y adelante con sus “polinotas”. Una de ellas, le cuento, se mencionó en la Asamblea sobre todo por ese título suyo de sólo 16 días para transformar 100 años de la FLA.

Lo primero que hicimos como mesa directiva fue colocar en blanco y negro el proyecto en la corporación, oficializarlo en el recinto en las sesiones extras.

Los diputados han venido estudiando la iniciativa desde agosto con sus bancadas en tres aspectos fundamentales.

El primero es el jurídico. Todo el mundo sabe que hoy existe un exhorto, una invitación, una notificación del Consejo de Estado para que la Fábrica de Licores modifique su naturaleza y se convierta en una empresa industrial y comercial del Estado.

Y lo otro es que hoy rige contra ese exhorto del Consejo de Estado la Ley de Financiamiento del 2019, en que en su Artículo 144 dispone que las empresas que ejercen el monopolio rentístico de licores en Colombia hasta la expedición de esa ley, hasta que entre en vigencia, continuarán con su naturaleza como la tenían en ese momento. 

¿Una ley está por encima del exhorto del Consejo de Estado?

Totalmente de acuerdo. Entonces que le planteamos nosotros a la Administración. Ustedes contrataron a unos exmagistrados que les entregaron unos conceptos jurídicos, los tuvimos en la Asamblea el pasado jueves, por supuesto muy importantes los conceptos por escrito, pero ninguno de ellos llegó a manifestar en forma virtual que el exhorto era una orden.

¿Entonces qué era?

Es una invitación, un llamado para que se recompusiera el tema jurídico de la naturaleza de la FLA.

¿No fue una orden judicial, un fallo del Consejo de Estado?

Nosotros planteamos que todo fallo de las altas cortes cuando van a resolver dice resuelve, ordénese y en este caso no se ordenó, sino que se exhortó.

Entonces en torno a que el exhorto sea o no obligatorio, deben existir miles interpretaciones. Pero estamos convencidos que el imperativo de la ley está por encima de un exhorto y que hoy hay una ley de la República que es un mandato legal, que es una ley que no está demandada por inconstitucionalidad por nadie y es una norma vigente, la ley 2010 del 2019. Incluso un magistrado de esos le dijo al Gobierno de Antioquia que busquen de alguna manera demandar esa ley por inconstitucionalidad.

Las leyes en Colombia dejan de aplicarse por dos maneras, por inconstitucionalidad y porque la ley tenga excepción de constitucionalidad. Y no por un exhorto, además que las leyes son para cumplirlas.  

Ustedes los diputados ya plantearon todas esas inquietudes jurídicas. ¿Cuál es el segundo aspecto en este debate sobre la FLA?

Es el tema tributario y financiero, que tiene que ver con la nueva empresa como la Administración seccional la presentó. Una empresa en cuentas por participación, en lo que la administración tendría el 98% de esa sociedad y el otro 2% la empresa industrial y comercial del estado ciento por ciento pública.

En el aspecto tributario se revisaron las cifras, cómo se constituye la nueva empresa, cuál es el capital, cuál es la caja con la que va a iniciar y cuál sería el recorrido durante el 2021. Ahí se logró establecer que las cifras son positivas como las construyen, son muy ambiciosos porque están planteando vender la misma cantidad de botellas que se han vendido en años anteriores por la FLA.

 ¿Entiendo que hay un gran debate precisamente sobre la comercialización, que es el tercer aspecto que han venido sopesando los diputados?

Cuando uno dice que son ambiciosos, entra uno a analizar el tema de la comercialización, que fue lo que nosotros planteamos y lo hice yo. Dije que cada vez que se habla del tema jurídico, tributario y financiero, estamos como un pato en un pantanero, que cada vez que se mueve se entierra más y propuse que se volteara el proyecto y lo volviéramos más práctico. Que nos presente la Administración el modelo de la FLA que según ellos se ve amenazado por la Ley de Licores, por el TLC y por la importación de licores a Colombia, porque irónicamente en los cuatro años anteriores, en los que salió la Ley de Licores, fue en los que más la Gobernación de Antioquia recibió ingresos en la historia de la FLA, ingresos corrientes de libre destinación.

Entonces, si el problema es la comercialización que nos muestren el nuevo proyecto comercial que tienen para nosotros tomar cualquier decisión jurídica, pues hasta ahora no lo han mostrado.

¿Presidente, qué respuesta le dieron?

No, que la Administración está abierta a seguir debatiendo, pero que esas son funciones básicamente del Gobernador cuando nosotros le autoricemos la creación de la empresa industrial y comercial del Estado.

Ahí estamos sin desatar el nudo y desatarlo sería buscar qué es lo más conveniente para el Departamento de Antioquia. Y hoy la conveniencia en mi caso es que la empresa se quede como está en una crisis como en la que estamos, cómo nos vamos a poner a improvisar una nueva fábrica de licores para el 2021 si necesitamos por lo menos tener certeza que los recursos van a ingresar de alguna manera parecida, similar o igual, a los que han ingresado durante los cuatro años de Luis Pérez. Y ahí están las cifras. Las diferentes bancadas tienen muchos cuestionamientos sobre la conveniencia del proyecto.

¿A todo esto, qué dice la Administración?

Que este es el momento de hacer la transformación empresarial, porque con la modificación el Gobierno tiene una gabela que es el Decreto 678 del Gobierno Nacional sobre el incumplimiento de la ley 617 y los indicadores de ley de insolvencia económica. Al respecto aducen que el Gobierno Nacional les va a dar a los departamentos un año de gracia para que hagan lo que les dé la gana, para que se endeuden mucho, que no ingrese plata o mejor dicho no los van a calificar. Y que esa es la oportunidad de incumplir esos indicadores de ley porque no tendrían ninguna restricción del Ministerio de Hacienda, entonces que este es el año para hacerlo, porque si se hace en el 2022, habría un punto de quiebre, en el que el Gobierno dejaría de recibir unos ingresos que lo llevarían a no cumplir con los indicadores de ley.