18 Ago Generar riqueza para reconstruir

OPINIÓN

Por: Cristian Halaby Fernández

Hay una imagen de esta semana que no me abandona. Un rescatista levanta el puño sobre los escombros de un edificio en Cali y, en ese instante, todos callan. Las máquinas se apagan y la ciudad entera se queda muda. Están escuchando. Buscan un golpe, un quejido bajo las ruinas. En ese silencio cabe todo lo que somos.

Y lo que somos apareció en cuestión de horas. Bomberos de pueblos que nadie nombra durmiendo sobre concreto roto. Vecinos escarbando con las manos. Una mujer sacada con vida del cemento, y el aplauso que estalló después. Familias caleñas recibiendo colchonetas de desconocidos. Colombia, esa que a veces damos por perdida, se reconoció a sí misma entre los escombros.

No pondré aquí una cifra de muertos: la que escriba hoy quedará corta cuando usted lea esto, y en esa frase cabe toda la dimensión de lo ocurrido. Ese país solidario existe, lo vimos, y por eso mismo hay que decir algo incómodo: tiene fecha de vencimiento. La solidaridad es un fuego intenso y breve. Las donaciones duran semanas; la reconstrucción dura años. En tres meses las cámaras se irán, el hashtag se apagará y en Quimbaya seguirá habiendo más de ochocientas familias sin casa. La pregunta que define la próxima década no es si vamos a ayudar —eso ya lo demostramos—, sino si sabremos convertir esa ternura pasajera en algo permanente.

Aclaro algo antes de seguir. Ningún terremoto crea riqueza. Bastiat lo enseñó hace casi dos siglos con su parábola del vidrio roto: el vidriero cobra, sí, pero el panadero dejó de vender el pan que habría vendido. La tragedia no es una oportunidad económica y quien lo insinúe merece que le respondan mal. Lo que sí es una decisión nuestra —enteramente nuestra— es cómo se gasta el dinero que el dolor nos obliga a gastar. Ahí no hay destino: hay voluntad.

Y esa voluntad la tuvimos antes. Después del terremoto de Armenia de 1999, el Decreto 197 creó el FOREC, y su diseño fue su genialidad: una entidad de naturaleza especial, con autonomía patrimonial y sin estructura administrativa propia. Delegó la ejecución en gerencias zonales —cajas de compensación, cámaras de comercio, universidades, fundaciones— y se reservó únicamente financiar, coordinar y vigilar.

Según el Conpes 3131 movilizó cerca de 1,59 billones de pesos de la época: 61% del presupuesto nacional ordinario, 38,2% en crédito del BID, el BIRF y el KfW, y apenas 1% de cooperación internacional. Su funcionamiento, incluidas todas las gerencias, costó el 5,4% del presupuesto total. Para septiembre de 2001 llevaba el 93% de las metas cumplidas.

Naciones Unidas le entregó el premio Sasakawa y el Banco Mundial convirtió sus lineamientos en manual de buenas prácticas. Por una vez, Colombia le enseñó al mundo cómo se reconstruye. Por eso acertó esta semana el ministro Rodrigo Lara Bonilla: “Lo lógico, naturalmente, es acudir a la experiencia previa exitosa”.

Pero el Eje Cafetero nos dejó dos lecciones, y solo recordamos la primera.

La segunda fue la Ley 608 de 2000, la célebre Ley Quimbaya, que ofreció exenciones tributarias a las empresas instaladas en la zona afectada con exactamente la misma promesa que hoy vuelve a escucharse: convertir la catástrofe en polo de desarrollo. Se acogieron menos de cien empresas, buena parte de ellas ya existentes que apenas cambiaron de domicilio fiscal. Rodrigo Estrada, entonces presidente de la Cámara de Comercio de Armenia, lo admitió con honestidad años después: su efecto se apagó antes de expirar el tiempo para acogerse a ella. Durante años, el Quindío registró de las tasas de desempleo más altas del país.

Y no es que no lo hayamos vuelto a intentar. El artículo 268 de la Ley 1955 de 2019 creó el régimen ZESE, con tarifa de renta del 0% durante cinco años y del 50% en los cinco siguientes, y entre sus beneficiarios están precisamente Armenia y Quibdó desde 2020. Seis años después, Quibdó sigue siendo una de las ciudades más pobres de Colombia.

Que nadie me malinterprete, porque aquí es donde suelen malinterpretarme. Creo profundamente en el incentivo tributario. La tarifa cero de renta durante los primeros años es de las herramientas más nobles que tiene un Estado: le dice a un muchacho de Quibdó o de Dosquebradas que si se atreve a fundar algo, el país lo acompaña. El problema nunca fue el instrumento. Fue su redacción y fue su soledad. Su redacción, porque premiar al que se muda solo traslada empleos de un lado a otro, mientras que premiar a la empresa que nace —constituida después del sismo, con nómina formal verificable, permanencia mínima obligatoria y devolución del beneficio para quien incumpla— crea trabajo donde no había nada. Y su soledad, porque nadie instala una planta en un municipio por una exención de renta si no tiene energía estable, agua, vía pavimentada, suelo habilitado, mano de obra calificada y una certeza mínima de que no lo van a extorsionar. El incentivo es la última pieza del rompecabezas, no la primera. Ponerlo solo es como entregar las llaves de un carro sin motor.

Con eso claro, el resto se ordena. El vehículo institucional debe copiar las reglas del FOREC: ejecución delegada en gerencias zonales, costo administrativo de un dígito, información pública en tiempo real, veeduría ciudadana con dientes, auditoría externa y cláusula expresa de liquidación. El FOREC se cerró en 2002 porque estaba diseñado para cerrarse, y eso es una virtud, no un defecto. El gasto debe convertirse en demanda local: un billón de pesos en reconstrucción es un billón de pesos en compras, y si el cemento, la carpintería metálica, el ladrillo y el transporte se contratan en Bogotá, la región recibirá casas pero no recibirá empresas; si se estructuran encadenamientos con proveedores regionales, con estándares exigentes y sin paternalismo, la reconstrucción financia el nacimiento de un tejido industrial que después atenderá otros mercados. Hay que habilitar suelo con servicios y revisar los POT con criterio de amenaza sísmica antes de repartir un solo beneficio. Y hay que decir lo incómodo: que edificaciones relativamente recientes hayan colapsado en Pereira y en Cali no es únicamente geología, es control urbano y curaduría. Reconstruir sin tocar ese eslabón es programar la próxima tragedia.

Falta lo que más me duele, y es lo que menos se está diciendo. El municipio más golpeado del Quindío no fue Armenia: fue Quimbaya, con al menos 450 casas en el suelo y cerca de mil averiadas, en un pueblo donde la gente todavía se saluda por el nombre. Ahí no hay quien haya quedado con el vecindario intacto. Y la única víctima mortal del departamento no murió bajo un edificio, sino en un derrumbe en una vía veredal. En decenas de veredas del Valle y del Chocó hay casas campesinas en el suelo que a tres días del sismo nadie había ido a contar, y hay acueductos rurales rotos que ningún funcionario va a inaugurar con cámaras.

En 1999 ocurrió exactamente igual. De los 813.000 millones invertidos aquel primer año, apenas 72.582 llegaron al área rural. Menos del 9%. Y es en el campo donde cada peso rinde más, porque allí la vivienda no es solo techo: es bodega, taller y unidad de producción. Si el fondo que se cree mide su éxito en edificios de ciudad capital, habremos repetido la historia con mejor tecnología. Que esta vez el éxito se mida en las familias de Quimbaya que perdieron veintisiete años de trabajo por segunda vez en su vida.

Colombia no necesita que le tengan fe: necesita tenérsela. En economía la confianza no es un adorno, es capital, y un país que demuestra que puede levantar cinco departamentos con cuentas claras y sin un solo escándalo se abarata para el crédito, para el inversionista y para sí mismo. Ya lo hicimos una vez, con menos plata y menos experiencia. Sería imperdonable que de tanto dolor salgan casas nuevas y la misma economía de siempre.

Que el silencio de aquel rescatista en Cali sirva de algo. Es lo mínimo que les debemos a los que ya no están.