11 Feb Concejo de Medellín, un campo de guerra jurídico

Nunca como hoy la política en Medellín se había convulsionado tanto hasta convertirse en un campo de batalla que se dirime en los estrados de la justicia a través de tutelas, demandas y por la vía administrativa ante el politizado Consejo Nacional Electoral, CNE, cuyos nueve miembros son elegidos por los congresistas, por lo cual se convierten en sus jefes políticos.

Además del ya largo conflicto entre el alcalde y sus duros oponentes mediante la revocatoria o no de su mandato, también se abrió, hace rato, otro frente de guerra en el Concejo de Medellín, en el que están involucrados el muy nuevo Estatuto de la Oposición, el Régimen de Bancadas, cinco concejales y el Partido Centro Democrático, CD.

Pues por los lados del Cabildo de la ciudad se acaban de producir nuevos hechos jurídicos, pero obviamente con claras derivaciones o secuelas políticas.

Como consecuencias de las últimas determinaciones políticas desde finales del año pasado, esta corporación, como ya hemos señalado en pasadas divulgaciones de Panoramapolitico.co parece más un estrado judicial, que político.

Allí su propio partido castigó a cuatro concejales del CD dizque provisionalmente durante 18 meses, cómico eso de temporal. También demandaron la elección del actual presidente del Concejo. Igualmente, la tercera designación del mismo secretario General. Impugnaron el exagerado “fusilamiento” de los cuatro concejales. Así mismo, cuestionaron jurídicamente la elección del vicepresidente primero. Y los resultados del concurso contratado por el Concejo para la elección del contralor municipal son un verdadero hervidero por sus pleitos y litigios ante la justicia y también políticos.

Así las cosas, el Cabildo, sin empezar su trabajo ordinario de este año, que será a partir del primero de marzo, es hoy un campo de guerra.

Pero hay tres hechos nuevos derivados de ese agitado panorama que acabamos de resumir. Son tres hechos, pero en realidad es uno solo, son los mismos o entrelazados.

La justicia acaba de tomar determinaciones en dos de esos procesos que se registran en el escenario de confrontación del Cabildo, pero al mismo tiempo uno de ellos también se debate ante el CNE.

Comencemos por el caso de los cuatro concejales del CD en Medellín sancionados con la pérdida al derecho al voto en esa corporación. Una primera tutela para proteger las garantías al debido proceso de esos corporados, que según ellos fue violado por la Veeduría del uribismo, no prosperó ante un juez de la ciudad, lo mismo que la apelación ante una juez administrativa que acaba de considerar que ese partido tiene autonomía para impartir ese castigo a sus afiliados.

Algunos observadores consideran que en materia de la Ley de Bancadas y del Estatuto de la Oposición los jueces territoriales son muy temerosos para dirimir esos conflictos y prefieren que esos asuntos se fallen en Bogotá ante el Consejo de Estado.

Casi al mismo tiempo del anterior asunto, el Tribunal Administrativo de Antioquia, aunque admitió la demanda, no accedió a otorgar la medida cautelar o la suspensión provisional de elección del concejal del CD, Julio Enrique González Villa como vicepresidente primero, que fue impugnada por violación al Estatuto de la Oposición por desequilibrio de género o no cumplir con la alternancia entre hombres y mujeres en las mesas directivas solo para las fuerzas contestatarias al régimen mayoritario o de gobierno.

Ante eso los apoderados o amigos de los cuatro cabildantes del CD apelaron y esa decisión del Tribunal seccional irá a conocimiento de la Sección Quinta del Consejo de Estado, toda vez que este recurso fue admitido.

Sobre el particular, se considera que estos procesos no son asuntos fáciles para cualquier magistrado o juez, como sucedió con la determinación tomada en la segunda instancia de la tutela que la fallaron en contra de los cuatro concejales del CD.

Ahora sus defensores jurídicos les tocará llenarse de argumentos jurídicos para buscar una revisión en la Corte Constitucional de las tutelas negadas, pues confían que la connotación jurídica y política del asunto tiene todos los elementos para que ese asunto sea seleccionado en ese máximo tribunal vigilante del orden constitucional.

En el caso de los jueces en Antioquia para ninguno de ellos hubo quebranto a las normas y que la Veeduría Nacional del Centro Democrático obró correctamente en sus sanciones.

Sin embargo y no se conocía ampliamente, el garrote a la cuarteta de concejales también se está intentando tumbar por la vía administrativa a través del politizado en su conformación CNE.

Este organismo, que, junto a la Registraduría Nacional del Estado Civil, constituye la organización electoral en Colombia, es el que regula, vigila y controla toda la actividad electoral de los partidos políticos en Colombia por mandato expreso del artículo 265 de la Constitución.

Así las cosas, existen dos acciones distintas, una que se hizo, como ya se dijo, vía tutela y la que se emprendió ante el CNE.

Ante esta entidad también se impugnó la sanción a los concejales María Paulina Aguinaga, Lina García, Albert Corredor y Nataly Vélez, pero el magistrado al que le correspondió su estudio la desestimó, pero fue recusado por los abogados de los concejales por ser uno de los magistrados que tiene el CD en el CNE.

Para dirimir esta recusación, se designó a otro de los magistrados electores, con clara inclinación también al uribismo, quien en los próximos días deberá presentar su posición ante la plenaria del CNE, denunció públicamente la concejal Lina García.