Estalló batalla por rebatir firmas de la revocatoria en Medellín

Si el 2021 fue el año de la campaña prelectoral en Colombia, que finalizó con la inscripción de los competidores para el gran torneo electoral para la conformación de un nuevo Congreso de la República y paralelamente con la lluvia de precandidatos a la presidencia de la República, agrupados la mayoría de ellos en llamativas coaliciones con pomposas denominaciones, el 2022 que arrancó será el gran año electoral con el implacable veredicto de las urnas.

En escasos dos meses y nueve días, el 13 de marzo, habrá elecciones para el Senado y la Cámara, junto a las tres emocionantes consultas que nominarán candidatos únicos presidenciales, que luego se medirán en mayo en la primera vuelta y como todo indica que ningún candidato ganará con el 50% más un voto, se necesitará de la segunda ronda en junio.

Así las cosas, Colombia enfrentará un intenso, agitado, nervioso y ojalá democrático tranquilo primer semestre del nuevo 2022, con exactamente siete tarjetones: dos de Congreso: Senado y Cámara; tres para las “primarias”, y los dos para sendas vueltas presidenciales.

La guerra de las impugnaciones

El trasteo de un año al otro se dio en medio de la campaña para esa temporada de comicios nacionales, pero en el caso de Medellín está en veremos si se le suma una octava elección, en el caso que se realice o no la ya muy enredada votación por el SI o por el No de la revocatoria contra el mandato del alcalde de esta ciudad.

Tal como arrancó el extinto 2021 con el fuerte agite político por el inicio de los primeros pasos de la oposición al alcalde Daniel Quintero Calle con la inscripción del comité promotor de la Revocatoria, este 2022 decoló con lo que podemos bautizar la guerra de las impugnaciones contra las firmas para llevar a las urnas a ese mecanismo de participación ciudadana.

El 2021 concluyó con el informe de la Registraduría del Estado Civil que avalaba el cumplimiento de los revocadores del requisito de firmas en más de 42.000 apoyos de los 91.000 que se requerían para que ese proceso contra Quintero avanzara legalmente.

Y la expectativa se centraba si el alcalde y sus opositores procedían a impugnar el informe de la Registraduría, para lo cual ambas partes tenían plazo hasta el pasado 31 de diciembre para hacer efectivas esas reclamaciones.

En los últimos días del año viejo se registró una de las tantas batallas entre quinteristas y revocadores por las temibles redes sociales como ocurrió a lo largo de la anualidad pasada.

Esta vez con denuncias de graves irregularidades en la legalidad tanto de las firmas validadas como en las desechadas por la autoridad electoral. Ambos polos se tildaron de todo.

En medio de los festejos de final del segundo año pandémico y con la nueva amenaza súper contagiosa de la variante viral del fastidioso, odiado pero peligrosa ómicron, no se supo ese 31 de diciembre si hubo o no impugnaciones antes del cierre de la jornada laboral en la Registraduría.

Previamente los dos bandos despistaron a más de uno con sus exhortaciones. El alcalde llamando virtualmente a sus fuerzas a refrendar el mandato, lo que insinuaba que quería irse a las urnas, mientras que sus rivales notificaron que no impugnarían.

Pero no sucedió ni lo uno ni lo otro. Las dos partes refutaron el informe de la Registraduría mediante la vía cibernética por Bogotá y no por Medellín, lo que muy pocos medios solo lograron establecer este pasado lunes 3 de enero entre ellos el periódico El Colombiano, que más parece un combatiente en esa guerra de poderes por lo público que se está librado políticamente en Medellín.

El bando quinterista atacó las 130.000 firmas validadas, mientras que los contrarios cuestionaron las 160.000 firmas no tenidas en cuenta o desaprobadas por los sabuesos de la Registraduría.

Los primeros alegan inicialmente que existen por lo menos 35.000 firmas no validas entre las admitidas como legales, al tiempo que trascendió que el revocador y concejal Julio González Villa busca contradecir unas 20.000 firmas descartadas por la Registraduría.

De acuerdo con Caracol Radio, se conoció que Quintero Calle, quien para su defensa tiene que utilizar recursos propios, contrató el mismo 31 de diciembre a una firma asesora en temas y encuestas electorales de la cual son socios los muy expertos y cotizados en esos asuntos Carlos Ariel Sánchez y Alfonso Portela.

Ambos abogados trabajaron juntos en la Registraduría. Sánchez como registrador nacional durante ocho años y Portela ocupó por largo tiempo el cargo de registrador Delegado en lo Electoral de la entidad y es considerado como uno de los colombianos que más conoce de las minucias del sistema electoral en el país. Los dos, después de dejar la Registraduría, fundaron en Bogotá una renombrada firma o empresa dedicada a los temas electorales.

O sea que el alcalde se armó hasta los dientes rodeado de estos dos fuertes peritos, lo que da a entender que dará una fuerte batalla legal para evitar que la revocatoria llegue a las urnas, al considerar que hubo anomalías en la recolección de firmas, en lo que obviamente no están de acuerdo sus opositores que también intentarán impedir que las firmas validadas sean impugnadas por debajo del límite de las 91.000 que se necesitan para que la revocatoria pueda ser votada. Pero además los expertos del alcalde solicitaron a la Registraduría más tiempo para presentar pruebas de más firmas supuestamente inválidas.

Ahora esta confrontación quedó en manos de la Registraduría que desde el pasado 31 de diciembre tiene 10 días hábiles para dirimir si la revocatoria sigue o se suspende tras dar su concepto sobre el nuevo capítulo de la guerra por Medellín en la batalla por las refutaciones o no a las firmas recolectadas.

En caso de declarar que sigue el proceso, el alcalde puede contraatacar por el lado contable de los dineros utilizados y declarados por el comité promotor de la revocatoria, pero esta vez ante el CNE.

Al respecto, Portela ya anticipó que supuestamente encontraron problemas de los revocadores en la financiación de su comité y para la recolección de firmas, como ya ocurrió con el caso de la revocatoria en Bogotá de Enrique Peñalosa, que precisamente se cayó por anomalías en la declaratoria oficial de los dineros empleados.

De ese modo, ninguno de los bandos puede aún cantar victoria, por lo que enero será un mes nuevamente de hostilidades políticas en Medellín, lo que también alterará la campaña electoral en ciudad al Congreso y a la Presidencia, toda vez que en la revocatoria ya hay metidos actores electorales que han tomado partida en ese proceso de participación ciudadana, que también todo indica no podría confundirse o realizarse eventualmente junto a las elecciones de Congreso del 13 de marzo.

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