01 Oct El sino amargo de la Gobernación de Antioquia

La condena en primera instancia emitida por la Corte Suprema de Justicia contra el exgobernador Luis Alfredo Ramos Botero recuerda también que varios dirigentes, que han ocupado este cargo, han tenido un destino trágico por haber perdido la vida y otros por sus afugias ante la justicia.

Aunque por sí solo el cargo de gobernador de Antioquia no es el problema, por diversas circunstancias en la muy alterada situación derivada del conflicto armado que impactó durísimo a este departamento en los últimos 35 años, renombrados líderes políticos han enfrentado complejas problemáticas que han afectado sus vidas y trayectoria pública y de poder.

Los factores que han originado esas graves secuelas en aquellos que han ostentado la conducción pública, política y administrativa de la región, se relacionan con la presencia de las Farc en la región y la feroz reacción del paramilitarismo que afectó a varios mandatarios, además de la gravísima situación vivida en la región por el temible accionar de los carteles del narcotráfico.

El caso más doloroso fue el asesinato a sangre fría y sin compasión por parte del ya dado de baja y despiadado jefe de una cuadrilla guerrillera de las Farc, alias El Paisa, de los gobernadores Gilberto Echeverri Mejía y Guillermo Gaviria Correa en abril del 2002 en desarrollo del primer y frustrado rescate en las selvas del Atrato medio antioqueño.

Echeverri Mejía fue el último mandatario regional por nombramiento comenzando la década de los años 90 del siglo pasado, pues a partir de 1991 y con la nueva Constitución Política de ese año se dio paso a la elección popular de los gobernadores en Colombia.

Sin embargo, la racha sangrienta en esos últimos 35 años para los titulares del ejecutivo regional comenzó con el médico Antonio Roldán Betancur, quien murió dentro del carro oficial en un atentado con explosivos en el sector de la unidad deportiva de Medellín en julio de 1989.

Con Gilberto Echeverri, para ese momento comisionado de paz seccional, pereció el gobernador en ejercicio Guillermo Gaviria C., luego que ambos llevaban más de un año secuestrados por las Farc y fueron retenidos cuando realizaban una marcha pacífica hacia la cabecera municipal de Caicedo, de la subregión del Occidente, en cumplimiento de la estrategia de la Noviolencia que había emprendido su gobierno para contribuir desde las regiones a la búsqueda de una salida en paz por el conflicto colombiano con la subversión comunista.

Entre tanto, las afugias y los enredos judiciales y disciplinarios para los gobernantes antioqueños se comenzaron a registrar a partir de 1986, año en que en el mes de octubre debió renunciar como gobernador el jefe liberal Bernardo Guerra Serna, recientemente fallecido, cuando solo llevaba tres meses en el puesto, como consecuencia de la apertura de una investigación disciplinaria de la Procuraduría tras un incidente con un periodista y una intensa campaña en su contra desde las páginas conservadoras del periódico El Colombiano. Guerra luego fue absuelto, pero ya el daño estaba hecho, lo que algunos observadores de la historia política de esta región atribuyen también a una venganza política del procurador Carlos Mauro Hoyos por no haberlo incluido en las listas al Congreso del por esa época poderoso Directorio Liberal de Antioquia.

Los posteriores problemas judiciales de mandatarios antioqueños involucran también a grandes dirigentes de la política parroquial como nacional de la talla del también expresidente Álvaro Uribe Vélez, a Luis Alfredo Ramos, Sergio Fajardo y ahora al actual gobernador Aníbal Gaviria Correa.

Uribe Vélez es quizás el político más investigado por la justicia penal en Colombia, no solo por sus actuaciones como gobernador entre 1995 y 1998, sino por sus dos periodos presidenciales entre el 2002 y el 2010.

Este dirigente mantiene un duro pulso con magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que incluso lo hicieron renunciar al Senado luego que fue vinculado a un proceso penal que sigue abierto por supuesta manipulación de testigos en casos relacionados con un lío que lo ha perseguido desde los años 90 como es el paramilitarismo en su frontal batalla contra las Farc, hoy ya desmovilizadas.

Entre tanto, Sergio Fajardo, quien fuera mandatario seccional entre el 2012 y el 2015 arrastra varios dolores de cabeza por la apertura de una investigación judicial al contratar un empréstito en dólares que le ha causado graves lesiones a la seguridad financiera del departamento y más recientemente por un proceso fiscal de la Contraloría General de la República, provocado por la delicada y costosa contingencia del 2018 en Hidroituango, que le puede dañar sus ambiciones presidenciales para el 2022.

A su turno, el dos veces gobernador Aníbal Gaviria Correa no ha podido tener continuidad en su actual y segundo mandato regional, interrumpido por medidas de aseguramiento dictadas por la Fiscalía a raíz de las investigaciones por los contratos para la construcción de obras de infraestructura vial durante su primera gobernación 2004 – 2007 en el Nordeste y Bajo Cauca. Aunque se encuentra en libertad y nuevamente ejerciendo su cargo, está pendiente del llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia.

Y hasta ahora el único gobernador del departamento con un fallo penal en primera instancia es Luis Alfredo Ramos, porque según el fallo de la Corte Suprema de Justicia sostuvo, entre el 2001 y 2007, relaciones y fue favorecido en sus proyectos políticos y electorales en Antioquia por cabecillas del paramilitarismo como el Tuso Sierra y los hermanos Castaño, sentencia que anunció apelará al declararse inocente, víctima de graves errores de la justicia y de falsos testigos.