20 Mar Elección de contralora de Rionegro en los estrados judiciales
La controvertida Contraloría de Rionegro no tiene un semestre de creada y su titular ni dos meses de elegida y ya tienen que enfrentarse a los estrados judiciales. Escandaloso.
La reciente decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia de suspender provisionalmente la elección de la contralora de Rionegro fue respondida por ese incipiente y recién creado órgano de control dizque dando clases de Derecho y también hasta de periodismo, o será que la entendemos como una amenaza contra la libertad de expresión.
Básicamente respondieron que el acto de suspensión puede ser apelado al Consejo de Estado, lo que en opinión del jurista Martín Cardona Mendoza en correcto, pero sobre la que pronostica que no le ve éxito de prosperar.
Así las cosas, la contralora de Rionegro, Sandra Landinez Cárdenas, tras la notificación de la suspensión de su elección, tiene unos cinco días para apelar y en caso de no hacerlo debe apartarse de sus funciones y seguir enfrentando el proceso de nulidad de su elección por un sector de concejales de Rionegro.
Recordemos que el Tribunal Administrativo de Antioquia decreto la suspensión del acto de elección de la señora Landinez al conceptuar que “…se encuentran reunidos los elementos para suspender provisionalmente el acto de elección de la señora Sandra Iuldana Landinez Cárdenas, como contralora municipal de Rionegro (Antioquia), considerando que la elegida prestó servicios como contratista de entidades del orden municipal, hasta el mes de diciembre de 2020, es decir que (i) intervino en la celebración de contratos en interés particular (propio) (ii) con entidades públicas del nivel municipal, (iii) dentro del año anterior a la fecha de la elección, y (iv) que se ejecutaron en el Municipio de Rionegro, al cual, ella aspiró como candidata a contralora”.
Abogado demandante
Uno de los abogados demandantes John Fredy Osorio Pemberty (foto), quien actúa a nombre de la Veeduría Ciudadana Identidad y Defensa de lo Público, consultado acerca de su opinión sobre la respuesta de la Contraloría de Rionegro dijo textualmente:
“La Contraloría de Rionegro debería ser más asertiva al publicar sus comunicados de prensa, el contenido del comunicado adjunto deja muchos interrogantes: i) exhortar a los medios de comunicación a publicar información objetiva cuando el mismo comunicado desconoce el acierto y la legalidad de una Providencia judicial, lo que no es admisible de un órgano de control, ii) La suspensión provisional tiene efectos inmediatos de conformidad con el artículo 236 del CPACA, III) Los magistrados de un Tribunal no conceden las medidas cautelares sólo porque un ciudadano las pide, se requiere que se aplique un silogismo jurídico en el que se demuestre la violación de una norma superior con amparo en las pruebas aportadas, iv) La manifestación y el ejercicio de la función conociendo la existencia de una medida de suspensión provisional constituye desacato y configura un fraude a resolución judicial”, insistió Osorio Pemberty.
En caso de que la citada contralora apele, se mantendría en su cargo a la espera de la decisión del Consejo de Estado, que podría tardarse un mes, consideraron expertos consultados.
El abogado Osorio Pemberty insistió sobre la actitud de la Contraloría de Rionegro y opinó que “ese comunicado que expidieron es una clara muestra de la soberbia que caracteriza a algunos cuando llegan al poder. Muestra de ello es el cinismo de ese comunicado, no contiene ninguna afirmación que sea cierta, ella debe apartarse desde hoy del cargo y no puede seguir ejerciendo como contralora, ese es el efecto de una medida cautelar. Esa contraloría es de papel ni siquiera tiene planta de cargos y ya tiene funcionarios nombrados con desconocimiento de la misma Constitución que señala que para que un cargo exista debe tener funciones precisas y estar creado en la planta de cargos de la entidad”.
No obstante, hay que precisar nuevamente que si puede apelar.
Pero Osorio Pemberty ripostó aún más duro y dijo que “otro tema grave es que los trece concejales que eligieron a la contralora y a la elegida tendrán, en caso de perder la demanda, que enfrentar un juicio disciplinario por actuar con desconocimiento del régimen de inhabilidades.
Los otros catorce
Lo anterior llevó a John Fredy Osorio P. a recordar que catorce concejales de Rionegro del periodo pasado se encuentran actualmente en etapa de juicio por la elección de Personero en el 2016, en los cuales existe reincidencia con la elección de la contralora.
Explicó que para julio debe darse sentencia de primera instancia en la causa penal. Es de tipo penal porque se investiga prevaricato y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, que podría significar pena privativa de la libertad de hasta 8 años, destitución e inhabilidad permanente y de condenarse se aplicarían la silla vacía.
Este caso judicial podría afectar a varios funcionarios que fueron concejales y hoy son secretarios en Educación, Competitividad y gerente de Somos, dijo el abogado Osorio Pemberty, quien opinó que en su concepto ese proceso tiene futuro, porque agregó que la Fiscalía no realiza una acusación sin tener bases sólidas.
“Y es claro que en un momento los catorce concejales tuvieron orden de captura”, reitero Osorio, quien añadió que “los catorce están en riesgo grave, hoy dependen de lo que con arreglo a la prueba un juez penal de circuito decida. Y el Consejo de Estado determinó que existió grave irregularidad”.
Osorio P. insistió que en el concurso para Personero del 2016 la entidad no era idónea para celebrar contratos y, además, “se inventaron una etapa que era ilegal con la que cambiaron el resultado para favorecer a quien hoy es el secretario de Gobierno”.
Osorio Pemberty es nacido y criado en Rionegro. En el sector público sólo ha trabajado tres años de los 20 de experiencia que tiene, es especialista en Derecho Administrativo y magister en Procesal, dedicado a la cátedra del derecho administrativo y procesal y dirige el colectivo de Lawyer Company, con una moderna sede en Rionegro.
¿Para qué se creó?
Los pleitos judiciales de la Contraloría de Rionegro se registran en el momento en que muchas personas se preguntan para qué se creó esa Contraloría, qué se persigue con ella, cuál es el verdadero trasfondo.
Quizá una respuesta se encuentre en el traumático empalme entre esa polémica contraloría municipal y la Contraloría General de Antioquia, que ya entregó delicadas investigaciones en materia de responsabilidad fiscal que involucra supuestamente a la administración anterior.
Inicialmente la Contraloría de Antioquia rechazó los comentarios desobligantes de su “homóloga” rionegrera y exigió un proceso transparente y ajustado a la ley.
Además, reveló que entregó procesos de auditoría al municipio y entes descentralizados por una cifra superior a los 50.000 millones de pesos. En total se trastearon 38 procesos de responsabilidad fiscal por un valor de $9.700.472.336, los cuales son producto de auditorías realizadas en las ocho entidades que eran sujetos de control del máximo órgano fiscal del departamento en el municipio de Rionegro. De igual manera diez procesos de jurisdicción coactiva por un valor de $2.875.521.441, 18 presuntos hallazgos con connotación fiscal y se actualiza la cifra por una cuantía de $38.046.874.921, doce procedimientos administrativos sancionatorios y siete denuncias ciudadanas.
Consultado sobre lo anterior el abogado y veedor John Fredy Osorio Pemberty comentó textualmente que “es la necesidad de tener un contralor controlado o como los concejales lo han dicho de bolsillo. Es claro el tema una vez que los dos contralores auxiliares nombrados fueron altos funcionarios de la administración anterior, Hernán Darío Álvarez Suárez, secretario de Gobierno y Ferney Cardona ex director del Imer. Y a la Contraloría Departamental le exigieron la entrega porque al parecer conocían de la medida”.
La concejal rionegrera Leidy Johana Baena durante la discusión del primer debate al proyecto de acuerdo 005 que modifica el acuerdo que creó la Contraloría de Rionegro, dijo que su voto era negativo, porque es inaceptable que esté conformada por exfuncionarios de la alcaldía, dando pie a falta de objetividad e impedimentos.
Y el concejal Fernando Valencia dijo que el Tribunal Administrativo de Antioquia les dio la razón a los concejales de oposición Leidy Johana Baena, Alex Valencia, Diego Macías y a él al suspender de manera provisional el acto de elección de la contralora por violar la ley 136/94 art. 95.
Y agregó Valencia que “es claro que sí es una contraloría de bolsillo”.
El abogado Osorio P. también es un severo crítico de la gestión del anterior alcalde Andrés Julián Rendón Cardona. Al respecto la consideró “nefasta, pasó por encima de las normas y atropelló a su paso a todo el que no compartía sus ideas”.
Dijo también Osorio Pemberty que “en la Fiscalía y en la Procuraduría existe un número de considerable de denuncias en su contra, en materia de contratación demasiadas por las empresas creadas para supuestamente evadir la ley de contratación”.
Y también existen los procesos contra la valorización en Rionegro que son acciones de nulidad y de acción popular.
Por todas sus denuncias y demandas Osorio Pemberty recibió y resistió amenazas de muerte y hasta tuvo que trasladarse un tiempo para Bogotá, donde ejerció como subdirector nacional de víctimas.
Además, fue el más afectado con el aún enjuiciado concurso para personero de 2016 en Rionegro, que ganó pero que se birlaron.
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