11 Oct Uribe libre, Aníbal retenido, Bedoya investigado
Muy agitada en el campo político y judicial transcurrió la semana que terminó por los procesos ante la justicia que involucran a importantes políticos antioqueños, como el expresidente y ya exsenador Álvaro Uribe, el gobernador suspendido Aníbal Gaviria, al exgobernador Luis Alfredo Ramos y ahora al senador Julián Bedoya.
La última gran novedad de la política ante los estrados se registró este sábado al ser levantada la medida de aseguramiento que pesaba sobre Uribe Vélez, quien seguirá enfrentando en libertad el proceso penal, ante la justicia ordinaria, por un supuesto caso de manipulación de testigos.
La otra cara de la moneda la está viviendo el gobernador Aníbal Gaviria, a quien un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia le negó en dos oportunidades a sus apoderados o defensores la petición de libertad, para en esa condición hacerle frente a la querella que se adelanta en su contra por presuntas irregularidades en la contratación de obras de infraestructura hace ya unos trece años, durante su primera gobernación en Antioquia 2004 – 2007. El paso siguiente de la justicia será el inminente escrito de acusación de la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia, como paso inicial o previo a un largo juicio que mantendrá alejado a Aníbal Gaviria de sus tareas de gobernante.
Entre tanto, repuntó el encarte judicial que afecta, otra vez, al senador liberal antioqueño Julián Bedoya Pulgarín y esta vez por la obtención de su título de abogado. Lo último en este supuesto enredo es que el citado legislador sufrió un fuerte revés jurídico al fallar en contra la Corte Suprema de Justicia una acción de tutela que interpuso el político para frenar la investigación disciplinaria que adelanta la Procuraduría, precisamente por la forma como se graduó de abogado en la Universidad de Medellín. Por tal motivo su caso sigue en pie.
Y lo más reciente en la investigación judicial contra Luis A. Ramos, es que la Corte Suprema de Justicia, mediante un escrito, cuestionó severamente la decisión de una sala del Consejo Superior de la Judicatura que determinó, mediante tutela, retirar o cambiar al magistrado que investiga a Ramos y elaborar una nueva ponencia. Según el CSJ esa sala no es competente para adoptar esa decisión.
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