15 Ene 80 demandas electorales agitan la política en Antioquia

Desde promediando diciembre y antes de la vacancia judicial venimos advirtiendo y anticipando en Panoramapolitico.co que, como cada cuatro años, la relación justicia y política, bastante candente, será el combustible que prenderá y agitará al ambiente público y político en Antioquia y Medellín a lo largo de este 2024.

El cuatrienio pasado 2020 – 2023 fue inédito y sin precedentes porque le costó la “cabeza” o mejor las curules a muchos alcaldes, a diputados y concejales en Antioquia, varios en Medellín, y el gobernador Aníbal Gaviria estuvo contra las cuerdas judiciales.

Y el cuatrienio que apenas arranca también promete ser muy movido por cuenta de las demandas de nulidad electoral y de perdida de investidura que ya se instauraron ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, TAA, en primera instancia y que seguramente varias o muchas de ellas seguirán su camino en segunda ronda en el Consejo de Estado y concretamente en su temida Sección Quinta Electoral, que es donde se fallan todos los pleitos derivados de las pugnas contra los que lograron salir electos, pero que para “enemigos” políticos gratuitos tienen sus pecadillos escondidos.

En la mitad de la temporada decembrina ya se habían radicado unas 35 querellas electorales, que reseñamos o resumimos en su momento, pero este número aumentó antes y después del cierre por vacaciones de las actividades o del servicio de la Rama Judicial paisa y el informe o la relación final presentada por la Secretaría General del TAA da cuanta que en total suman 80 litigios que se presentaron ante esa corporación judicial.

Dentro de estos 80 casos no están incluidos los tres dolores de cabeza judiciales que deberá enfrentar este año el gobernador, elegido por Fico, el enigmático Andrés Julián Rendón. Dos de esas jaquecas de origen en la gran labor de la Veeduría Ciudadana Identidad y Defensa de lo Público en Rionegro y relacionada con el elefante blanco u obras inconclusas en que se han convertido dos costosos CAI que nunca han prestado servicio y construidos cuando Rendón fungió como alcalde de Rionegro, Antioquia, situación que llevó a una investigación de la Contraloría General de la República porque la municipal es de bolsillo y ya se decretó el detrimento patrimonial, asunto que fue compulsado a la Fiscalía que llamó a audiencia de imputación de cargos a Rendón, la que fue suspendida por su elección como mandatario seccional, y por cuya razón el caso cambió de competencia y ya lo tiene un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

Todo ese proceso y la muy difícil demanda de Luis Pérez contra Rendón por fraude al elector o por violencia sicológica, que ya explicamos en diciembre pasado y que lo nuevo es que fue admitida por el Consejo de Estado, los desarrollaremos esta semana en una saga sobre la politización de la justicia y la judicialización de la política, que es la moda en Colombia desde hace rato.

Por ahora nos concentraremos en informar sobre las 80 demandas de nulidad electoral que involucran a alcaldes, diputados y en su mayoría a concejales, incluido Medellín.

Esta fue una de las novedades informativas de este lunes en el meridiano de enero, pues la otra noticia jurídica del día fue la condena en primera instancia contra dos exdirectivos de la U. de M. por el caso del otorgamiento de títulos universitarios a políticos, en un muy sonoro asunto del cual salió airoso el exrector Néstor Hincapié.

DEMANDAS CONTRA ALCALDES

Antes de dar a conocer estos procesos contra alcaldes elegidos en octubre, hay que precisar que el documento del TAA al que tuvo acceso Panoramapolitico.co revela el radicado de la acción judicial, los nombres del demandante y el demandado y la fecha de la presentación de la querella. No se incluye la causa de la demanda, aunque con algunas ya ha trascendido el meollo o motivo del pleito.

Según los datos del TAA se elevaron 17 demandas contra alcaldes elegidos en Antioquia en las elecciones del 29 de octubre del 2023 y que se acaban de posesionar.

Las impugnaciones judiciales más llamativas por su trascendencia e impacto fueron contra los alcaldes de Medellín, Fico, la alcaldesa de Bello; Lorena González y sus homólogos de Itagüí, Diego Torres y La Estrella, Carlos Mario Gutiérrez.

Desde este último municipio se conoció que la demanda contra el alcalde Gutiérrez fue instaurada por la excandidata a la Alcaldía, Liliana Ramírez.

También trascendió que este litigio ya fue admitido por el TAA y se relaciona con la violación al debido proceso al no permitirse abrir las mesas de votación ante las dudas razonables en los resultados electorales que fueron estrechísimos.

La demanda contra Fico fue puesta por Laura Rocío Pajón López y dicho expediente quedó radicado en el despacho del magistrado ponente Daniel Montero Betancur. No se conoce la motivación de este caso.

Los otros alcaldes querellados son:

Tres demandas contra el alcalde de Dabeiba: Daniel Higuita.

Dos pleitos contra la alcaldesa de San Juan, Julia Esperanza Medrano.

Dos demandas contra Luis B. Molina como alcalde de Santa Rosa de Osos.

Sonsón: Juan Diego Zuluaga.

Venecia: Ferney Fernández.

Pueblorrico: Cristián Camilo Zapata.

Giraldo: María Camila Manco.

Valdivia: Sergio A. Mesa.

Caucasia: Sergio A. Mesa.

Además, solo figura la demanda contra el diputado conservador Jaime Cano.  

CONTRA CONCEJALES

Las demandas más relevantes que figuran en el informe del TAA son las tres contra el concejal de Medellín del quinterismo Juan Carlos Upegui. Fueron instauradas por tres personas distintas: Albert Yordano Corredor, Samuel D. Castrillón y Sebastián Castaño, que deben ser acumuladas pues todas tiene que ver con una posible inhabilidad debido al cargo de rector de su padre al momento de la elección.

Al respecto, Upegui replicó que todo lo anterior tiene que ver con una fuerte persecución jurídica con el objetivo de despojar de su curul a la oposición sin ningún fundamento. “Ya hemos respondido ante el Tribunal Administrativo de Antioquia desestimando las pretensiones de quienes quieren sacarnos del Concejo y silenciarnos políticamente”.

Y agregó que el acoso jurídico está escalando gravemente debido a que la Procuraduría Regional de Antioquia filtró a medios, sin ningún tipo de notificación personal y violando el debido proceso, la apertura de una investigación en su contra con el propósito de limitar sus derechos políticos. “Una extralimitación evidente de acuerdo con la sentencia del 8 de Julio de 2020 proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro y en la cual se establece claramente que una autoridad administrativa no tiene competencia para sancionar a funcionarios de elección popular.

Upegui olvida que en primera instancia la Procuraduría sí puede fallar en este caso, pero la segunda instancia debe pasar a manos de un juez para la decisión final.

La demanda del excandidato a la Alcaldía, Albert Corredor llama la atención porque busca con ella sacar a Upegui como concejal de la oposición e ingresar él en dicha condición al quedar con la votación siguiente en mayoría a la alcaldía, que fue la tercera de Corredor.

Esto no es nada claro, pues no entra el que le sigue a Upegui, sino que se vuelve a escrutar y ya se sabe que en caso que salga Upegui ingresaría la octava curul del Partido Creemos.

Los otros concejales demandados son:

Girardota: Diego Congote y Daniel Orozco.

Apartadó: Geritza Echeverría en dos veces y Sergio Cárdenas.

Bello: Daniela Ortega

Rionegro: Katherine Bustamante

Amalfi: José Agudelo y Miriam Londoño.

Segovia: Carlos Álvarez.

Carmen de Viboral: Juan Martínez y John Montoya.

Sabanalarga: Jairo Múnera y John Gallego.

Andes: Juan C. Restrepo, María Osorio y Ana Noreña.

En Chigorodó contra todos los concejales elegidos.

Maceo: José Zapata

Sonsón: Nelson Gil.

Ciudad Bolívar: Pedro González.

Marinilla: Juan Felipe Duque.

Uramita: Jader Úsuga

Cañasgordas: Luis Higuita.

Campamento: Dairo Elorza

Santa Fe de Antioquia: Óscar Serna.

Caicedo: Belén Caro con dos demandas.

Ituango: Luis Taborda.

Santa Bárbara: Andrés López y Jessica Giraldo.

Igualmente aparecen siete acciones judiciales contra la Registraduría Nacional del Estado Civil y Ocho contra el CNE.

Y otra más contra el Partido Verde.

Las demandas ascenderían a por lo menos 88, pero unas 8 son procesos pendientes por fallar del 2023 o que vienen para segunda instancia ante el TAA procedentes de fallos de primera instancia de jueces administrativos.

Es decir, no tienen nada que ver con los últimos comicios territoriales.