21 Oct Parece más una pandemia que una campaña electoral
Como si no fuera suficiente de peligrosa, mortal y devastadora para la humanidad del siglo XXI la pandemia viral del covid y sus muy seguros efectos negativos que tendrá en los comicios nacionales colombianos del 2022, la actual campaña electoral para el Congreso y la Presidencia de la República parece otra pandemia por el contagio de diversos factores que la alteran y la complican aún más de lo súper caliente en que se desarrolla en esta Colombia que se mantiene al borde de un ataque de nervios.
Los dos últimos factores que originan tremenda controversia política-electoral en el orden nacional tienen que ver con decisiones del Congreso de la República en el caso de abrir un boquete muy cerca de las elecciones por retoques a la muy polémica Ley de Garantías y por la Corte Constitucional al estar reviviendo personerías jurídicas a la jura a partidos políticos que tuvieron figuración o protagonismo en el siglo pasado.
Y lo anterior sumado al hecho que esa misma Corte Constitucional no ha decidido aún, casi un año después de haber sido aprobado por el Legislativo, si es constitucional o no el Código Electoral que contiene normas que cambiarían las reglas de juego electorales; pero también el interesante debate si actuales concejales y diputados que ingresaron indirectamente por el Estatuto de Oposición y renuncian a sus curules pueden o no ser sustituidos tras nuevos escrutinios de la votación en las corporaciones donde se registren estas novedades en el país. A lo que se agrega la crisis interna que viven las organizaciones partidistas en Colombia, comenzando por las dos legendarias en la historia política nacional, como la Liberal y la Conservadora, además de otras formaciones más recientes en franco declive como Cambio Radical y el Partido de la U que tuvo que camuflarse o cambiar de pinta o nombre y acudiendo a la farándula deportiva ante la falta de verdaderos liderazgos, al tiempo que por el partido de gobierno, el uribista Centro Democrático, existen serios temores en sus resultados electorales en el 2022 ante la ausencia en sus listas del capitán del barco o caudillo Álvaro Uribe, además que existe un fuerte malestar contra la directora nacional del CD, Nubia Martínez, y están exigiendo su cambio por otra dama y suena para reemplazarla Claudia Bustamante hoy en el servicio diplomático.
Precisamente esa crisis, flojera y peligroso desprestigio de los partidos políticos, es lo que ha sustentado y fomentado aún más la vigente moda política en el país, con la constitución de las coaliciones, que son las que competirán en mayo y junio básicamente por la jefatura estatal y de pronto por las curules legislativas en marzo. Habrá alianzas de derecha, de izquierda y de centro disputándose el poder político.
Pero todos estos fenómenos políticos parecen poco frente a la peor pandemia que contagia la vida colombiana como es la galopante y descarada corrupción pública, que ha originado una profunda desconfianza en los políticos y en los partidos lo que pone en riesgo la democracia, todo esto afectado y lesionado por la pobreza que llevó al durísimo estallido social de mayo, además de los crecientes hechos de violencia con la repetición de masacres, siendo Antioquia una de las regiones más castigadas, con el trasfondo del maldito flagelo del narcotráfico.
Parodiando a una tonada mejicana, Colombia es como Rosita que estuvo de suerte porque de tres tiros que le pegaron solo uno era de muerte. Y la mató.
Prohibido prohibir
Y aunque en todas las encuestas los colombianos reiteran que junto a la desigualdad social, la corrupción es uno de los peores males de la sociedad criolla, el Congreso con la total complacencia del contradictorio gobierno nacional presidido por Iván Duque, levantó transitoriamente la prohibición, dentro de la Ley de Garantías Electorales, para realizar convenios interadministrativos entre la Nación, los departamentos y los municipios, que es una de las mayores y hábiles formas de contratación pública para influir en los resultados de las elecciones de congresistas y de presidente.
El debate está encendido en todo el país por los efectos políticos y jurídicos de esta maniobra electoral del Ejecutivo y el legislativo cuando solo van a restar cuatro meses para las elecciones de senadores y representantes, proceso que se abre este 13 de noviembre con el comienzo de la inscripción de listas para el Congreso.
Políticamente muchos serán los beneficiados en un país que como Colombia es hoy unos de los más corruptos del planeta y por el lado jurídico son muchas las voces que se escucharon para advertir la ilegalidad de esa decisión, dentro de la ley de Presupuesto General para el 2022, pues una norma legal estatutaria no se puede modificarse con una iniciativa ordinaria.
Pero es mentira que los alcaldes y los gobernadores no puedan abrir licitaciones y hacer obras cuatro meses antes de los próximos comicios, porque lo que no se podía hacer era firmar convenios entre entidades del Estado, que fue lo que se habilitó en medio de la campaña, lo que tiene a la izquierda, que está oliendo el poder con Petro, degustando un suculento plato de oposición y temen que esta jugada de los políticos del establecimiento los ayude a habilitar millonarios recursos para derrotar a los contestatarios y alternativos.
Una Corte legislando
Y como en Colombia la política se judicializó y la justicia se politizó, ahora le dio a la Corte Constitucional por reemplazar al Congreso de la República y comenzar a legislar, lo que no es su competencia, con la decisión de darle vida al Nuevo Liberalismo y abrir con su sentencia un enorme agujero para que resuciten otras colectividades del pasado reciente político y volver a llenar la porosa democracia Colombia con un alud de partiditos o mejor de garajes que van a terminar haciendo parte del jugoso negocio o feria de los avales.
Es falso de toda falsedad que el galanismo haya sido minado, como sí le pasó a la Unión Patriótica a sangre y juego, por los violentos. Fue el propio Luis Carlos Galán, antes de su asesinato, quien entregó las banderas disidentes de su movimiento, al reintegrarse al Partido Liberal en la Convención Nacional de este partido en 1989 en Cartagena. Por eso, la Corte acaba de tomar una decisión política y no jurídica, suplantando para ello al Legislativo.
Ojalá que, con estas peligrosas invasiones a los fueros de otros poderes públicos, la Corte Constitucional no esté propiciando volver a la época de la postconstitución del 91, cuando en Colombia surgieron casi 91 partidos originando un desorden de altísimas complicaciones, que tuvo que ser corregido por el acto legislativo del 2003 que se convirtió en uno de los revolcones más profundos en materia electoral en Colombia, que ahora los politizados jueces se están pasando por la faja.
Por todo esto, hoy el proceso o la campaña electoral requiere de una inmensa UCI porque está contagiada con todos esos factores mencionados y que ojalá no enreden más los comicios del 2022.
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