¿Intervención divina para el Valle de San Nicolás? Cuando el púlpito reemplaza a la plaza pública

OPINIÓN

Por Juan Guillermo Mejía Escobar

El fervor político en el Oriente antioqueño acaba de alcanzar alturas casi místicas. En su afán por sacar adelante la conformación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, de cara a la consulta popular programada para el próximo 29 de noviembre, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, decidió que no había mejor tribuna para predicar las bondades de la integración regional que el púlpito de la Basílica Nuestra Señora del Carmen, en el municipio de La Ceja.

Lo que para unos fue un acto de “pedagogía”, para otros se convirtió en un auténtico sainete político. Ante el reclamo de un concejal local que pedía un espacio de debate democrático y manifestaba su desacuerdo, la respuesta desde el pedestal gubernamental fue despacharlo tachándolo de “petrista”. La escena provocó una tormenta política que enfrentó en redes a congresistas como Jennifer Pedraza, quien catalogó la escena de “bajeza” y estigmatización y a escuderos del proyecto como Rodrigo Hernández.

Más allá del pintoresco sermón metropolitano, este cruce entre agua bendita y urnas abre dos frentes jurídicos ineludibles: el terrenal (electoral) y el celestial (canónico).

Lejos de la solemnidad del templo y del incienso, el episodio del púlpito aterriza en un terreno bastante más árido: el del Código Penal y el régimen disciplinario. Aunque desde la óptica gubernamental se intente vestir la prédica como un simple ejercicio de pedagogía ciudadana, el ordenamiento jurídico colombiano establece límites severos para los gobernantes en ejercicio.

La Ley 1864 de 2017 actualizó precisamente el Código Penal para blindar los mecanismos de participación democrática, elevando las consultas populares al mismo nivel de protección que una elección ordinaria. Desde esa perspectiva, la frontera entre promover un proyecto de desarrollo y cruzar la línea de la coacción es milimétrica. El estatuto penal sanciona con especial dureza el constreñimiento y el fraude al sufragante (artículos 387 y 388), castigando a quien busque determinar el sentido del voto mediante presiones o engaños; penas que, tratándose de un servidor público con mando, contemplan agravantes que van desde aumentar la sanción en una tercera parte hasta duplicarla. A esto se suma el artículo 422 del mismo código, que castiga la intervención en política de quienes ejercen autoridad civil con multas y la destitución inmediata del cargo.

El verdadero nudo jurídico, sin embargo, radica en la naturaleza del discurso. Como bien lo han delimitado la Corte Constitucional, en sentencias clave como la C-1153 de 2005 o la C-379 de 2019, y las directrices de la Procuraduría General de la Nación, los mandatarios no pierden su derecho a opinar sobre asuntos de interés general ni a respaldar iniciativas cívicas. Pero esa potestad tiene un dique infranqueable: la neutralidad institucional.

La jurisprudencia es enfática en que un gobernante no puede valerse de su investidura, de actos públicos o de tribunas de poder para desbalancear la contienda democrática. Cuando la defensa de una consulta popular abandona los argumentos técnicos y recurre a la descalificación partidista, como etiquetar de “petrista” a un concejal que pide debate, la pedagogía se evapora. La deliberación pública se tiñe de contienda partidista, configurando una presunta desviación de poder e incurriendo en las faltas gravísimas que el régimen disciplinario (Ley 1952 de 2019) prohíbe de forma tajante.

En definitiva, en el Estado laico el micrófono oficial no otorga infalibilidad ni patente de corso. La ley electoral exige que el debate ciudadano se gane con razones en las urnas y no con presiones desde estrados privilegiados.

A su vez, la Iglesia ha buscado evitar ceder el presbiterio y el ambón, lugares consagrados para el anuncio del Evangelio y la liturgia como tarima de propaganda política, debido a que constituye una desnaturalización del templo que choca de frente con el ordenamiento canónico.

La legislación eclesiástica universal es inequívoca. El canon 287 § 2 del Código de Derecho Canónico establece una prohibición tajante para los clérigos de participar activamente en partidos políticos o controversias partidistas, restricción orientada a salvaguardar la unidad del pueblo de Dios. Como lo recuerda el Directorio para el Ministerio y la Vida de los Presbíteros, aunque las actividades cívicas y políticas son nobles y legítimas en sí mismas, resultan ajenas al estado clerical, pues arrastran consigo un peligro inminente: la fractura de la comunión eclesial. Cuando un párroco o rector abre las puertas del altar para que un mandatario defienda una causa electoral y estigmatice a sus contradictores, no solo compromete la neutralidad de la institución, sino que quiebra la confianza de aquellos fieles que, con pleno derecho, defienden posturas contrarias frente a la consulta popular.

Esta delimitación no es un capricho administrativo, sino la médula de la eclesiología nacida del Concilio Vaticano II. La Constitución Pastoral Gaudium et Spes (n. 43) y el canon 225 § 2 determinan que la tarea de ordenar, debatir y transformar las realidades temporales corresponde de modo propio, libre y autónomo a los laicos. A los pastores les compete ofrecer principios morales y orientación espiritual, pero la doctrina advierte que es un error mayúsculo pretender que el sacerdote o el templo patrocinen fórmulas técnicas o soluciones concretas a los problemas terrenales. Al descender a la arena del debate electoral regional, la investidura sagrada usurpa el rol de la feligresía y desdibuja su misión universal.

En el terreno de la disciplina interna, aunque la intromisión en el poder secular no acarrea una censura automática, el canon 1399 faculta a la autoridad eclesiástica competente para imponer una pena justa cuando la infracción externa de la ley vulnera gravemente el orden sagrado y urge prevenir o reparar el escándalo entre los creyentes. Frente a un hecho que trascendió al escarnio público y dividió a la comunidad parroquial, las normas canónicas imponen la amonestación oportuna para preservar la dignidad del santuario.

Convertir una basílica en tribuna de contienda comicial deja al descubierto una paradoja: mientras la administración buscaba una bendición para su proyecto metropolitano, terminó propiciando una profanación del espacio litúrgico que el Derecho Canónico sanciona y la feligresía resiente.

Al final, si algo enseña la historia republicana de Colombia, es que el matrimonio de conveniencia entre el púlpito y la trinchera política jamás ha tenido un final feliz. Cada vez que los gobernantes han buscado la unción de los altares o que la Iglesia ha cedido sus tribunas sagradas para legitimar causas partidistas, el costo lo ha pagado la convivencia democrática con altísimas cuotas de intolerancia y sangre.

Durante el convulso siglo XIX, la frontera entre fe y Estado fue el detonante de cruentas guerras civiles. Desde la Guerra de los Supremos hasta la Guerra de las Escuelas (1876-1877), los púlpitos se convirtieron en trincheras ideológicas donde se predicaban auténticas “cruzadas”, se excomulgaba la educación laica y se bendecían ejércitos. Aquella confusión entre dogma y política alcanzó su punto más trágico a mediados del siglo XX durante la época de La Violencia. En esos años aciagos, figuras clericales ultraconservadoras como monseñor Miguel Ángel Builes convirtieron las homilías en arengas sectarias bajo consignas como “ser liberal es pecado”, negando sacramentos, demonizando al contradictor e incitando moralmente una carnicería fratricida que dejó cerca de doscientos mil muertos.

No fue sino hasta el Concilio Vaticano II y, de manera determinante, con la Constitución Política de 1991, cuando el país intentó trazar una línea sensata. La Carta del 91 consagró el principio de laicidad del Estado y la mutua independencia institucional, reconociendo que la fe no puede coaccionar la política ni el poder público instrumentalizar lo sagrado. En esa misma dirección, la propia doctrina canónica moderna entendió que cuando los pastores descienden a resolver controversias temporales o prestan sus templos a disputas de poder, fracturan irremediablemente la comunión de sus fieles y degradan su ministerio pastoral.

Por eso, ver hoy a mandatarios contemporáneos subirse de nuevo a los púlpitos para promover consultas populares y estigmatizar a sus contradictores no solo desafía la Ley 1864 de 2017 y el Código Canónico; representa, ante todo, un inquietante retroceso hacia las épocas más oscuras de nuestra vida republicana. En una democracia pluralista, la salvación de los proyectos terrenales debe ganarse con argumentos en el debate público y votos libres en las urnas, dejando los templos para la fe y evitando que el fantasma del sectarismo vuelva a vestirse de sermón dominical.

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