13 Oct Los chicharrones de elegir contralores

El pronunciamiento, reflexión, comentario o reacción del presidente del Concejo de Medellín, Sebastián López, lo decía todo. Como si se hubiera quitado un gran peso de encima expresó tras la elección de nueva contralora del distrito que “le cumplimos a la ciudad, para mí como presidente era muy importante porque estos procesos cada cuatro años son un problema enorme, es un problema para la institución que queda aporreada, hay denuncias y miles de cuestionamientos”.

Y de verdad que elegir contralores, donde aún los hay, por parte de los concejos municipales y Asambleas Departamentales, pero también personeros por los Cabildos, es un tremendo chicharrón, dolor de cabeza, origina temores jurídicos por posibles pérdidas de investiduras de concejales y diputados porque las demandas están a la vuelta de la esquina por abogados, ciudadanos o enemigos políticos o personales de los elegidos, también hasta por envidia y en muchos casos por los derrotados inconformes.

Mientras el Concejo de Medellín culminó la elección de contralor, en este caso contralora de la ciudad, aunque ya apareció la primera demanda, por los lados de la Asamblea de Antioquia existe hoy un manto de duda, muchas preguntas, desconfianza y asombro por los raros o increíbles resultados del examen o prueba de conocimiento muy trascendental o definitiva a la hora de escoger contralor de Antioquia.

Estos procesos son tan complicados, difíciles y todo un encarte, que la misma contralora electa Paula Andrea Ortega Escobar manifestó luego de su designación por 15 votos de los 21 posibles, que “Medellín hizo historia, Medellín le dijo al país sí se puede, sí se pueden hacer las cosas de manera transparente, sí se puede elegir contralor de una entidad territorial con transparencia, con objetividad y sobre todo por méritos”. Y repitió la palabra “por méritos”.

En términos generales el Cabildo de la ciudad salió hasta hoy bien librado de esa elección. Contrató a la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB, para realizar el examen a los postulados que cumplieron los requisitos para participar en esa convocatoria pública, y cuyos resultados o calificaciones se ajustan a la realidad de la prueba, al tiempo que la elegida siempre ocupó los primeros lugares en su rendimiento y pasado académico y en la revisión de su experiencia en el campo del control fiscal.

No obstante, no faltaron los traumas durante la elección por parte de los concejales.

La sesión de elección en la semana que acaba de concluir fue interrumpida al declararse un receso debido a que a la corporación había llegado un extenso escrito que aseveraba y concluía que Paula Andrea Ortega estaba supuestamente inhabilita para ser elegida fiscalizadora, porque durante su ejercicio de casi 10 años en la Contraloría de Medellín había sido la investigadora auditora de varios casos de posibles irregularidades fiscales con el patrimonio público, sobre todo en el cuatrienio de Daniel Quintero, aún pendientes y que le tocarían cerrar a ella en caso de ocupar el cargo.

Todos los concejales se reunieron a puerta cerrada y tras un análisis del caso y de estudiar y cotejar documentación jurídica, desecharon o desestimaron la existencia de la tal inhabilidad, pues cuando a ella le corresponda decidir sobre esos asuntos, se debe declarar impedida y delegar en el subcontralor previa información y autorización del Concejo de la ciudad.

Sin embargo, seis concejales se abstuvieron de votar ante la duda de la inhabilidad y el apoyo a la contralora electa lo encabezó la bancada de Creemos, pues de los 15 votos 8 fueron del fiquismo, incluido el de la concejal de la ASI que según colegas de ella es en realidad de Creemos, pero menos el de Damián Pérez, quien fue uno de los que se retiró y apoyaba a Alina Marcela Restrepo, quien junto con Luis Eduardo Álvarez conformaban la terna de aspirantes a contralor con la ganadora Ortega Escobar.

De acuerdo con concejales, en contra de Álvarez Vera jugó que políticamente es cercano del senador Juan Felipe Lemos, quien acaba de hacer fórmula electoral a la Cámara con Lina García, a quien concejales de Creemos y del CD señalan de haber contribuido a la gestión de Daniel Quintero, el archienemigo de Fico.

Y no votaron por la otra aspirante, porque les llegó información que trabajó en la pasada administración en un programa de Sapiencia, pese a que se le considera militante de Creemos y del ala del hoy aspirante a la Cámara por esa tendencia política Germán Hoyos.

Paula Andrea Ortega llegó a la Contraloría de Medellín en el 2016 cuando la titular de este organismo de control era la abogada Patricia Bonilla y tras ganar un concurso para acceder como abogada a la carrera administrativa. En esta casi década de labores ha tenido varios ascensos, entre ellos el haber sido encargada de la Secretaría General, además de presidir el sindicado de empleados del ente de control y de tener una opinión no positiva de la actividad política y de manifestar que los contralores no deben ser elegidos por políticos para garantizar la imparcialidad en la labor de vigilancia fiscal.

Pero precisamente por no tener un pasado ligado a ningún partido o político, es lo que también inclinó la votación a su favor.

Caso contrario estaría ocurriendo con la convocatoria pública para proveer el cargo de contralor de Antioquia, sobre el cual Panoramapolitico.co ha escuchado de especialistas expresiones o calificativos de “muy raro” por los resultados arrojados por la prueba de conocimientos realizada por una universidad por fuera de Antioquia, que también hace parte de la desconfianza que ha suscitado este proceso.

El hecho que los dos primeros candidatos en ese examen hayan obtenido 99 y 98 puntos y del tercero para abajo 77 y menos puntaje, es lo que precisamente origina cautela, precaución, sospecha, suspicacia, aprensión, escrúpulo, miedo, recelo, temor, escepticismo e incredulidad.

A esto se le suma que a los dos sorprendentemente sabe lo todo en control fiscal se les atribuye mucha cercanía con la persona a vigilar, nada menos que el propio gobernador de Antioquia, quien cuando fue alcalde de Rionegro optó por retirar a este municipio del radar de la Contraloría de Antioquia y crear una contraloría cuya primera titular fue tumbada por fallo judicial por estar claramente inhabilitada, lo que llevó a concejales de la época en Rionegro como Fernando Valencia y Leidy Baena a calificar ese malogrado intento de contraloría de bolsillo.

Pues precisamente es lo que debe evita la Asamblea de Antioquia, sobre la cual están puestos los ojos del departamento a la hora de escoger al fiscalizador regional para que no haya desconfianza, incertidumbre, indecisión, perplejidad, titubeo, vacilación, problemas, reparos, sospecha, recelo, desconfianza, suspicacia, temor y demandas, y no se caiga en una contraloría de bolsillo como se está temiendo por muchos observadores.