26 Jun Cómo la derecha hace los golpes de Estado Blandos.

Por Argiro Giraldo Quintero

Desde el exilio

En el mundo han sido varios los gobernantes de izquierda víctimas de unas investigaciones judiciales que con el tiempo han resultado ser estratégicamente montadas con el único y exclusivo fin de desprestigiar e impedir que se gobierne o incluso de derrocar a un gobernante.

Lula Da Silva en Brasil, Antonio Costa en Portugal, Pedro Sánchez en España, Pablo Iglesias y los dirigentes de Podemos, Gustavo Petro en Colombia, Nicolás Sarkozy de Francia, han sido y son víctimas de esta estrategia.

Es el llamado lawfare o guerra judicial utilizada por la derecha radical y la extrema derecha contra políticos socialdemócratas, de izquierda o de centro.

Cómo funciona

La estrategia empieza cuando un seudo medio digital o un pasquín provincial acusa sin pruebas a determinado político o funcionario de poder de estar comprometido con algún hecho delictivo de corrupción o malversación de dineros públicos.

Esa información publicada, sin ningún hecho acreditado, va circulando retomada por otro medio de alguna credibilidad mediática hasta que es asumida y perfeccionada en el relato, por los medios de oposición al gobernante, para ser así predicada por los grupos y partidos opositores.

De esa manera logran convertir un hecho falso en una verdad a fuerza de repetirlo, se recurre a los servicios jurídicos u organizaciones afines para que presenten las denuncias penales.

Puesta la denuncia o aún sin ella, un juez de la misma filiación política o corrompido, se declara competente para asumir la investigación de los hechos creados mediante bulos informativos, y sin valorarlos ni desestimarlos decreta una investigación a todas luces prospectivas, a ver qué resulta de ella.

A esta apertura de investigación los medios dan una cobertura desproporcionada de la información, convirtiéndose el hecho falso en un hecho cierto.

Con fundamento en esa causa judicial, el juez empieza a hacer un barrido de diligencias judiciales, citas de testigos y pruebas que son igualmente difundidas y amplificadas en los medios, para amparar con razones judiciales a los partidos de oposición generando ante la opinión pública y política el desprestigio del gobernante o político como responsable de unos hechos que fueron fruto de una opinión publicada sin fundamento real.

La justicia se convierte así en un aparato al servicio de unos conspiradores relegados del poder que han considerado les pertenece por historia, naturaleza, tradición.

La investigación prospectiva iniciada por un juez, sin la existencia previa de indicios o hechos reales, la mantiene activa con pruebas y resoluciones por años, hasta que consigue la oposición a la cual servía, la caída del gobernante, la marginación del político investigado o el cambio en la correlación de la opinión pública a favor de los opositores, momento en el cual el juez declara precluida y sobreseída la investigación por la inexistencia de los hechos delictivos sobre los que investigaba, dejando de paso un reguero de afectados, pero fundamentalmente, dejando gravemente herida la democracia y la separación de poderes.