26 May El Concejo de Medellín, un estrado judicial
Los recientes fallos de la justicia sobre asuntos y corporados del Concejo de Medellín, vuelven la mirada y la atención hacia este Cabildo Municipal, que en el actual cuatrienio ha estado impactado por demandas y decisiones de los jueces.
Los últimos acontecimientos judiciales involucran a la concejala más veterana Aura Marleny Arcila y también al quemado pero resucitado cabildante, el ruidoso Julio Enrique González Villa.
Pero estos dos casos no serán los últimos en el actual y muy agitado periodo de la junta directiva política de la ciudad, pues están a la espera de resolverse otros que calentarán y le inyectarán candela política al Concejo y a sus integrantes.
A lo largo de estos ya casi dos años y medio del vigente cuatrienio no ha faltado uno o dos meses en que no se produzcan algunas determinaciones en los estrados judiciales que alteren a la corporación.
Inmediatamente tras la elección de los 21 concejales en octubre de 2019 comenzaron los apuros judiciales para varios de ellos y que aún no terminan, pues vienen más fallos en camino.
Indudablemente los más famosos episodios judiciales que afectaron al Concejo de Medellín fueron la anulación de las elecciones contra los curtidos o trasegados concejales conservadores Carlos Alberto Zuluaga y John Jaime Moncada, que permitió la entrada de Lucas Cañas y Babinton Flórez.
Pero al lado de estos dos fallos también figura en importancia la pérdida de investidura de uno de los escuderos políticos del alcalde de turno, como es Alex Flórez Hernández, quien para su fortuna hoy figura como un rutilante senador electo en la lista petrista del Pacto Histórico, pues según las normas legales de este país los concejales y diputados que pierdan su investidura por muerte política tras un fallo judicial no quedan inhabilitados para aspirar al Congreso de la República, interpretación que más adelante necesitará de jurisprudencia para obviar las dudas y el vacío de la ley, pues seguramente no faltarán las demandas que en Colombia no se le niegan a nadie y menos a los políticos con poder y curul de 34 millones de pesos al mes.
Dentro de la lluvia de querellas hubo hasta algunas exóticas contra todos los concejales por supuestas irregularidades o mala inscripción de las listas, pero que no prosperaron como tampoco otra demanda por no cumplimiento de la cuota de género, lo mismo que contra la curul de Daniel Carvalho hoy flamante representante electo a la Cámara.
Desde el 2019 también estaba pendiente una demanda de nulidad contra la elección de la concejal liberal Aura Marleny Arcila Giraldo promovida por el también candidato liberal Carlos Mario Mejía Múnera, quien no logró la tercera curul de su partido por solo 39 votos de diferencia con Arcila Giraldo. El conocido Flaco Mejía alegó siempre irregularidades electorales en su contra y a favor de Aura M. Arcila en mesas de votación del puesto que funcionaba, porque lo retiraron, en la sede de la U. de M. del barrio Los Alpes, Belén.
Se trató de un asunto muy difícil de probar y es el que apenas acaba de fallar en segunda instancia el Consejo de Estado, que decidió mantener la curul de la citada concejal.
Sin embargo, Arcila Giraldo es protagonista de otro caso judicial esta vez no de nulidad de su elección, sino peor, pues es de pérdida de investidura por una supuesta inhabilidad ya que al momento de su elección un hermano suyo trabajaba en un cargo directivo en el Idea, y aunque este instituto no es del orden municipal de Medellín, sino del resorte departamental, la normas ahora hablan de territorialidad y en esas circunstancias Medellín hace parte del territorio antioqueño.
El proceso en primera instancia ante el Tribunal Administrativo de Antioquia fue adverso a la concejal Arcila y en segunda instancia se encuentra para decisión final ante la Sección Primera del Consejo de Estado.
La reciente sentencia a favor de esta concejal se produjo casi simultáneamente con otra decisión de una juez administrativa de Antioquia que acaba de tumbar la elección como vicepresidente primero del concejal del Centro Democrático, Julio Enrique González en un interesante fallo del juzgado 14 administrativo oral y ante el cual se solicitó el cumplimiento de las disposiciones emanadas del Estatuto de la Oposición que ordena la alternancia de hombre y mujeres, o de equidad de género, por periodos sucesivos en esas dignidades cuando le correspondan a los partidos declarados en la oposición.
Dicho juzgado tras escuchar a todos los involucrados e incluso hasta al mismísimo expresidente Álvaro Uribe Vélez y en una providencia de más de 50 folios le da la razón a los demandantes, al comprobar que no solo se violó el Estatuto de la Oposición pues si el CD declarado en oposición había ocupado en el 2021 la vicepresidencia Primera con Sebastián López, en el 2022 por la obligatoriedad normativa esa posición le correspondía a una mujer de ese partido y también porque la concejal María Paulina Aguinaga no había podido ser elegida en la presidencia, lo que habría resuelto el problema de la presencia de una mujer uribista en la mesa directiva a nombre de la oposición.
El juzgado fue muy contundente al expresar en el fallo que “las actuaciones que se deban ejercer dentro de las mesas directivas deben ceñirse a una representación de bancada, no a una representación personal”.
Además, el fallo aclara que las concejales Nataly Vélez, María Paulina Aguinaga y Lina García aún gozan del derecho y del ejercicio de representación dentro del Concejo de Medellín del Partido Centro Democrático, pues no han sido expulsados del mismo. También con su decisión este juzgado está garantizando la equidad de género y la participación efectiva e igualitaria de la mujer en las corporaciones públicas.
Julio Enrique González Villa piensa defender su vicepresidencia alegando ingenuamente, pese a su formación jurídica, argumentos políticos y no jurídicos, como que las mujeres del CD no están en la oposición, olvidando que aún hacen parte de un partido declarado antagónico como es el CD, y que además se cumplió con la Ley de Bancadas, aunque no hubo acuerdo por el empate 4 a 4 en el tema de la mesa directiva para el 2022 entre los ocho concejales del uribismo.
Este episodio dentro de la bancada de concejales del CD en el Concejo de Medellín se originó tras el fracasado Pacto de Chuscalito, donde lo que menos hubo fue un pacto y el uribismo salió aún más fracturado.
Estos sucesos condujeron prematuramente y en forma arbitraria a que el Centro Democrático hiciera sancionar en el Concejo a los cuatro concejales suspendiéndoles el derecho a votar dentro de la corporación, medida que fue tumbada por una decisión administrativa del Consejo Nacional Electoral, CNE, la que se convirtió en otra derrota jurídica más del uribismo.
El Concejo de Medellín tienen 10 días, según ordenó el juzgado, para elegir una mujer del CD en la primera vicepresidencia, lo que se podría postergar en el caso que González Villa apele, recurso que ante el Tribunal Administrativo seguramente no tendrá ningún éxito y saldrá rápido, por la contundencia del fallo que acaba de emitirse.
En la política de Medellín ya es costumbre escuchar que a los cuatro concejales su partido no los piensa expulsar y tampoco volver a avalar, por el contrario, los desafía a que si son muy valientes renuncien al CD y a las curules para poderse cambiar de partido, lo que tendrían que hacer hasta este 28 de junio, un año antes del día anterior a la apertura del proceso de inscripción de candidatos para las elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023.
El CD internamente adelanta un proceso disciplinario contra los cuatro concejales, que se les ha convertido en una papa caliente que comenzó en Medellín, la mandaron para Bogotá y nuevamente la retornaron porque andan encartados sin saber qué hacer. Tienen plazo para una decisión hasta el 17 de junio.
Pero las calenturas dentro del CD de Medellín no se enfriarán por ahora, toda vez que, por ejemplo, la concejal Lina García ya dijo públicamente que no piensa renunciar a su escaño en el Concejo de Medellín y que en el caso que el CD insista en su negativa de avalar acudirá a las altas y tutelares instancias jurídicas, porque considera que su partido no tiene argumentos jurídicos para negarle el aval en el 2023.
Es decir, las emociones seguirán en el 2023 en el Concejo de la ciudad que se ha convertido en un verdadero estrado judicial.
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