03 Oct Una tenaz semana político judicial

En Colombia ya se ha vuelto frecuente escuchar y palpar que la política se judicializó y la justicia se politizó. Desde hace rato viene imperando que las informaciones sobre la actividad política y pública están relacionadas con asuntos que se deben dirimir en los estrados judiciales, al tiempo, para preocupación del país y de la Rama Judicial, no han faltado los casos de la politización, en sus actuaciones, de jueces y fiscales.

Dentro de esa dicotomía es que para muchas personas se mueven las investigaciones que la justicia adelanta contra tres grandes personalidades de la política antioqueña y cuyos casos o apuros fueron la gran novedad noticiosa en el mundillo de la política regional y con amplio ruido y repercusiones nacionales. Son los líos judiciales que enfrentan el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, el exgobernador Luis Alfredo Ramos Botero y el gobernador suspendido Aníbal Gaviria Correa, cuyos casos fueron de amplia resonancia mediática por la prensa radial y de TV, desde donde desembocaron a las desenfrenadas redes sociales, para una amplia cobertura.

La situación de Uribe Vélez, que ya pasó a la justicia ordinaria por presunta manipulación de testigos, quedó aún pendiente de una decisión de la Corte Suprema de Justicia si la juez de control de garantías desarrolla el proceso bajo el Código de Procedimiento Penal viejo, la Ley 600, o en la órbita del vigente Código.

Entre tanto, un fallo de tutela del Consejo Superior de la Judicatura, CSJ, marginó de la ponencia, por violación a las garantías procesales al filtrarse a la prensa, al magistrado de la Cortea Suprema de Justicia que la había elaborado y que según Noticias UNO, que la conoció y divulgó, solicitaba en primera instancia una condena de casi 20 años para este dirigente político por supuestas relaciones con paramilitares. El fallo también ordena cambiar de magistrado y realizar una nueva ponencia. Sobre este asunto, algunos abogados dudan de la competencia del CSJ en ese fallo de tutela.

Y la suerte jurídica del gobernador suspendido Aníbal Gaviria tuvo durante la semana un fuerte eco periodístico ante la determinación de la Fiscalía de negar la petición de libertad formulada por su defensa tras cerrarse la investigación este sábado 3 de octubre. Medios de prensa nacionales aseguraron reiterativamente que en la semana que empieza la Fiscalía procederá a presentar el escrito de acusación contra Gaviria ante la Corte Suprema de Justicia por ser un funcionario aforado y por los supuestos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros.

De otra parte, otros dos hechos políticos también implicaron o implicarían la intervención de la justicia. Mediante tutela el exsenador Óscar Suárez Mira logró ser trasteado de la cárcel de alta seguridad La Paz, en Itagüí, para el reclusorio de funcionarios de Yarumito, también en ese municipio.

Y el epílogo de la semana fue súper hirviente, por la fuerte alteración en las relaciones políticas entre el Centro Democrático y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que al parecer irán a parar mediante demanda a la justicia. Los uribistas están mortificados por el twitter del mandatario al presentar el último escrito del profesor universitario y militante de izquierda Campo Elías Galindo, cuyo crimen será otro hecho contra un dirigente político que la Fiscalía y la justicia tendrán que dilucidar en torno a cuáles fueron los verdaderos móviles o que fue lo que ocurrió dentro de su apartamento, donde fue encontrado asesinado violentamente.